Un juez escucha los argumentos en una demanda para detener los arrestos del ICE sin orden judicial
Algunos residentes del área de DC compartieron sus historias sobre haber sido arrestados sin una orden judicial por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante una audiencia celebrada el miércoles en el marco de una demanda destinada a detener los arrestos ilegales de personas consideradas inmigrantes.
“Fui detenido por la policía de DC y luego llegó el ICE”, dijo un demandante llamado Elias a través de un representante que leyó su historia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. porque actualmente está en el hospital.
Elias fue arrestado por el ICE y declaró haber estado detenido durante más de ocho horas. En el momento de su detención, se dirigía a Washington D. C. para una cita de diálisis, a la que acude tres veces por semana.
“No llevaba mi medicación conmigo y me sentía muy mal. Mi familia estaba sufriendo sin saber qué iba a pasarme”, escribió Elías.
Es uno de los cuatro demandantes representados en Escobar Molina et al. contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos , una demanda que impugna lo que alegan son arrestos ilegales realizados por ICE sin órdenes judiciales ni causa probable.
Los demandantes están representados por la ACLU del Distrito de Columbia, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, CASA, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos, y el bufete de abogados Covington, Burling LLP.
“La gente sigue sufriendo estos perjuicios día tras día en las calles de Washington D.C., así que ciertamente esperamos que el tribunal se pronuncie con urgencia sobre estos asuntos”, dijo Yulie Landan, abogada del National Immigration Project.
Durante la audiencia, la jueza de distrito Beryl Howell escuchó los argumentos presentados en una moción para una orden judicial preliminar en el caso, encabezada por CASA, con el fin de detener los arrestos mientras se resuelve el caso. También solicitan la certificación de la demanda colectiva.
“Reconocemos que hay personas afectadas por esta política y práctica ilegal, mucho más allá de los demandantes individuales que valientemente han puesto sus nombres y su información ante el tribunal”, dijo Aditi Shah, abogada del personal de la ACLU del Distrito de Columbia.
El juez Howell solicitó más información a ambas partes en el caso, con fecha límite el martes 25 de noviembre.
