Oficina del Censo busca datos sobre estatus legal
AP
Washington Hispanic
Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos sopesa si el gobierno de Donald Trump puede preguntarles a las personas si son ciudadanos en el censo de 2020, la Oficina del Censo busca discretamente información completa sobre el estatus legal de millones de inmigrantes.
Bajo un plan propuesto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionaría a la Oficina del Censo una gran cantidad de información personal de individuos que no son ciudadanos, incluido su estatus migratorio, según información obtenida por The Associated Press. Se trabaja en un acuerdo pendiente de aprobarse entre las agencias desde al menos enero, el mismo mes en que un juez federal de Nueva York le impidió al gobierno agregar la pregunta sobre ciudadanía al censo que se efectúa cada 10 años.
Un juez federal de California también dictaminó el miércoles que agregar la pregunta de ciudadanía al censo era inconstitucional, argumentando que “amenaza los cimientos mismos de nuestro sistema democrático”.
La información que el DHS compartiría con funcionarios del censo incluiría los nombres completos, direcciones, fechas y lugares de nacimiento de los no ciudadanos, así como los números de la seguridad social y números de registro de extranjeros, estos últimos datos muy delicados, según un documento firmado por la Oficina del Censo que obtuvo la AP.
Tal entrega de datos aparentemente no tiene precedentes y le daría a la Oficina del Censo una visión del estatus de ciudadanía de los inmigrantes incluso más precisa que la que se puede reunir en una campaña de preguntas puerta por puerta, según una investigación de la oficina.
Seis exfuncionarios de la Oficina del Censo y del DHS dijeron que no estaban al tanto de si las personas eran ciudadanos o no y nunca antes habían compartido información con la Oficina del Censo.
“En general, se supone que la información guardada en un sistema de registros es privada y no puede publicarse a menos que encaje en una serie de excepciones definidas”, dijo Leon Rodriguez, quien dirigió a la agencia del DHS responsable de la ciudadanía bajo el gobierno de Barack Obama.
La medida genera interrogantes sobre lo que el gobierno de Trump quiere hacer con la información, y preocupaciones entre los activistas defensores de la privacidad y los derechos humanos de que pueda ser usada para fines incorrectos.
Michael Cook, vocero de la Oficina del Censo, dijo que se espera que el acuerdo sea firmado en el DHS, pero que su agencia prevé que quede concluido “lo antes posible”.
“La Oficina del Censo llega a acuerdos de forma rutinaria para recibir registros administrativos de muchas agencias, incluido el acuerdo pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para asistirnos en nuestra misión para ofrecer estadísticas de calidad al público estadounidense”, dijo Cook en un comunicado.
Grupos defensores de los derechos civiles acusan a la Casa Blanca de querer integrar la pregunta de ciudadanía porque desalentaría a los no ciudadanos a participar en el censo, lo que provocaría una menor recaudación de dinero federal y menor representación en el Congreso en los estados con grandes poblaciones de inmigrantes.
Por su parte, el juez Richard Seeborg de California dictaminó que la decisión del secretario de Comercio de agregar la pregunta era arbitraria y caprichosa, y violaría un requisito constitucional de que el censo cuente a todos en el país. La evidencia muestra que la pregunta derivaría en que no se contabilice a muchos que no son ciudadanos y a latinos, dijo el juez.
Seeborg es el segundo juez en declarar que la medida es ilegal, pero el efecto de su dictamen es limitado. Un juez federal en Nueva York ya le había impedido al gobierno agregar la pregunta al conteo de población, y el mes pasado la Corte Suprema federal acordó revisar ese dictamen.
Un correo electrónico al Departamento de Justicia para solicitarle comentarios acerca del dictamen no fue respondido.
California y varias ciudades en el estado demandaron por la pregunta sobre la ciudadanía.
Los fiscales estatales argumentan que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, no tomó en cuenta que la pregunta le costaría a California una cantidad importante de dinero y al menos un escaño en el Congreso al reducir el porcentaje de inmigrantes que responden al cuestionario, lo que derivaría en un conteo menor.
El Departamento de Justicia había argumentado que los funcionarios del censo toman medidas, tales como las visitas de seguimiento en persona, para tener un conteo preciso.
Los hogares que se brinquen la pregunta de ciudadanía pero que de todas formas respondan una porción sustancial del cuestionario sí serán contabilizados, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en documentos oficiales.
El Departamento de Comercio anunció que agregaría la pregunta hace un año, diciendo que el Departamento de Justicia la pidió y que mejoraría el cumplimiento de una ley de 1965 cuyo objetivo es proteger los derechos de votación de las minorías.
La medida causó indignación entre los demócratas, quienes afirman que afectaría desproporcionadamente a los estados que favorecen a su partido. La última vez que se preguntó a la gente si eran ciudadanos estadounidenses fue en el censo de 1950.
