Exfuncionario Guatemanteco debe permanecer en el país
Washington Hispanic
AP
l incendio en el hogar de menores estaba bajo la responsabilidad jerárquica de Carlos Rodas.
La vocera de la fiscalía, Julia Barrera, confirmó la prohibición y dijo que lo que se pretende «es su permanencia en el país mientras se investiga», explicó.
La presidencia confirmó que aceptó la renuncia presentada por Rodas el viernes por la noche.
También se prohibió la salida del país de varios trabajadores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El hogar se incendió el miércoles luego de una revuelta de menores aquejados por abusos y que hasta el sábado ha dejado 38 niñas fallecidas.
El Hospital Roosevelt informó de la muerte de una niña el sábado, que se suma a los 37 decesos reconocidos en la víspera por el gobierno.
Según testimonios recibidos por la fiscalía y funcionarios, el incendio fue iniciado por internas que protestaban por los abusos recibidos y se agravó porque estaban encerradas bajo llave.
El presidente Jimmy Morales dijo el viernes en una entrevista televisiva con la cadena CNN En Español que las niñas estaban encerradas porque «se quería evitar una tragedia».
Previamente el viernes, Morales reconoció en conferencia de prensa que «el estado de Guatemala es responsable de la tragedia sucedida», ya que todas las instituciones del estado a cargo de los menores tienen cierta responsabilidad.
El estado mantenía institucionalizados en el lugar a por lo menos 600 menores, entre niñas y varones, y la Procuraduría General de la Nación tenía la tutelaridad, desde el 2015 la Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones de niñez habían denunciado vejámenes a los menores en el lugar que incluían abusos sexuales, físicos, sicológicos. La fiscalía investiga una denuncia de trata con fines de prostitución en el lugar.
Cansados de maltratos y vejaciones los menores optaban por fugarse, como el martes, un día antes del incendio. Al ser recapturados, las niñas, como protesta, habrían prendido fuego a colchonetas, un fuego que se expandió y mató en el lugar a 19. Las otras 19 murieron en hospitales.
El viernes, Claudia Tecún lloraba a la entrada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala. Su hija Noemi, de 17 años, recibía tratamiento por quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo y los doctores no le dieron muchas esperanzas de vida.
La mayoría de familiares dicen que las niñas estaban ahí por malos comportamientos o rebeldías propias de la edad.
El viernes familiares y amigos empezaron a sepultar a las menores fallecidas. Siona Hernández García fue una de las primeras menores del albergue en ser sepultada. Un ataúd blanco, como se acostumbra a enterrar a los niños, guardó sus restos y fue enterrada en un humilde nicho del Cementerio General, en la capital guatemalteca.
Carlos Soto, director del Hospital San Juan de Dios, dijo el viernes a la AP que médicos especialistas estadounidenses llegaron desde desde Galveston, Texas, para ayudar evaluar a las menores y apoyar en su tratamiento y confirmó que la Procuraduría General de la Nación consiguió visas humanitarias para ocho de ellas, con la intención de que sean trasladadas a Estados Unidos para su tratamiento.
Soto dijo el sábado que se espera que el fin de semana al menos cuatro niñas quemadas viajen a Estados Unidos. Soto dijo que las menores presentan quemaduras en rostro, torso y piernas, incluso algunas con pérdida de pulso en sus extremidades.
Geovany Castillo relató el jueves a la AP que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras en la cara, brazos y manos, le contó que «el lugar estaba cerrado con llave, que entre varias niñas derribaron la puerta… Que se salvó porque puso una sábana mojada sobre ella».
El agricultor de 33 años agregó que «me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta, para llamar la atención, les prendieron fuego a las colchonetas».
Y aunque el presidente Morales ha reconocido que el sistema de protección estatal a menores «Es un sistema rígido que se vuelve insensible», y ha prometido reformarlo para proteger a 1.500 niños que están en centros públicos en todo el país, muchos levantan ya la voz y exigen justicia por la muerte de las menores.
Morales ha reconocido que la situación ha puesto en un momento crítico su gestión. Mientras tanto diversos grupos han convocado para manifestarse el sábado por la muerte de las niñas y exigir la renuncia del presidente.
