El Salvador alista medidas de excepción contra maras
AP
Washington Hispanic
l presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén convocó a los tres poderes del Estado y al Fiscal General de la República para analizar qué tipo de medidas extraordinarias se deben de tomar para enfrentar la escalada de violencia impulsada por las maras o pandillas que en las últimas semanas perpetraron múltiples homicidios que han provocado el terror entre los salvadoreños.
El Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, adelantó el miércoles 9 que el gobierno podría llamar a los reservistas de la Fuerza Armada para implementar las medidas de emergencia en el país.
Sánchez Cerén señaló dos días antes que la población está reclamando “el estado de emergencia nacional, (pero) esa es una decisión que he tenido que consultarla primero con los Órganos (del Estado), porque implica a los otros Órganos, y ver que otras medidas podemos tomar”.
El mandatario convocó de urgencia a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña; al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pineda Navas; y al Fiscal General, Douglas Meléndez, “para analizar la situación y estudiar ese tipo de medidas extraordinarias”, explicó en conferencia de prensa el lunes 7.
Tanto la Corte Suprema como la Asamblea Legislativa dieron su respaldo a un ‘estado de excepción focalizado’, que se implementaría en los municipios más violentos del país, según informó el miércoles 9 el diario La Prensa Gráfica, el cual añadió que “una declaratoria de esta naturaleza implica arrestos y allanamientos sin orden judicial, prohibición de reuniones y restricciones a la circulación, entre otros derechos constitucionales que quedarían suspendidos”.
El presidente Sánchez Cerén afirmó que “el país está consternado, todos estamos consternados, han existido asesinatos múltiples que nos tienen preocupados a todos”, al recordar la reciente matanza de 11 personas, entre ellas un grupo de trabajadores de energía eléctrica, perpetrada por presuntos pandilleros, que amarraron a sus víctimas de pies y manos y después los asesinaron.
Un día después de la matanza, una mujer y sus tres hijos, supuestos miembros de las maras o pandillas, fueron secuestrados por sicarios y sus cuerpos calcinados aparecieron en una zona rural del sur de El Salvador.
El mandatario afirmó que la orden de la masacre salió de los penales de Izalco y de Ciudad Barrios y aseguró que los responsables serán procesados y enviados a la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz.
El mandatario defendió las estrategias para combatir la violencia criminal de las pandillas: “no queda otro camino, no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para treguas, no hay espacio para entenderse con ellos, son criminales y así como criminales hay que tratarlos”.
De enero a marzo de 2016, las pandillas han incrementado sus ataques contra elementos de la policía, militares y sus familias, habiendo asesinado a diez policías y dos soldados.
El miércoles 9 también mataron a Carlos Ramos, un militar del Batallón de Fuerzas Especiales junto a tres de sus familiares, Santos, José y Adrián, confirmó un vocero de la Fiscalía General de la República (FGR). El hecho se registró en el municipio de Olocuilta del departamento de La Paz.
