Congreso mexicano rechaza reforma constitucional de energía
La Cámara de Diputados de México rechazó el domingo por la noche en un pleno especial la propuesta de reforma constitucional sobre el sector energético presentada por el gobierno y que provocó un encendido debate en torno a la posibilidad de revertir la apertura del mercado realizada en 2013.
La reforma buscaba garantizar al Estado la generación de al menos el 54% de la electricidad que necesita el mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural. Sus detractores aseguraban que esto viola la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México.
Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados no lograron la mayoría cualificada para sacar adelante los cambios en la Carta Magna y solo consiguieron 275 votos de los 332 que se necesitaban. Un total de 223 legisladores votaron en contra. No hubo abstenciones.
La oposición se había declarado totalmente en contra y la mayoría de sus diputados pernoctaron en la Cámara el sábado para evitar contratiempos o que manifestantes oficialistas les bloquearan el acceso el domingo por la mañana.
El debate estuvo marcado por las descalificaciones y un tono muy ríspido. Hubo pancartas, banderitas de México y gritos cruzados coreados con los puños en alto en los que oficialistas y opositores se acusaban mutuamente de traidores a la patria.
La reforma constitucional incluía también considerar el litio un mineral estratégico que sólo puede explotar el gobierno. Sin esperar a la votación, el presidente puso en marcha su plan B y envió el domingo por la noche al Congreso una propuesta de cambios a la ley minera para garantizar la medida sobre el litio. La Cámara lo debatirá el lunes. En este caso, el gobierno sí cuenta con votos suficientes para sacarla adelante.
“Pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”, escribió el mandatario el domingo por la noche en su cuenta de Twitter.
El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, unidos en la coalición opositora “Va por México”, tenían previsto presentar un nuevo texto con el que se pueda llegar a algún consenso.
El entendimiento se prevé complicado, pero dar claridad legal a un sector sumido en la incertidumbre es una de las demandas de la iniciativa privada y también del gobierno de Estados Unidos —país de origen de muchos de los inversores en el sector— que ya auguró más litigios en foros tanto nacionales como internacionales.
La actual Ley de la Industria Eléctrica, modificada en 2021 en la misma línea de la reforma constitucional, está recurrida en los tribunales porque, entre otros puntos, prevé la revisión o anulación de contratos ya firmados.
De forma paralela, la Corte Suprema debatió el tema este mes y aunque la mayoría de magistrados criticaron la iniciativa, no se lograron los votos necesarios para declararla inconstitucional.
La Cámara de Diputados de México rechazó el domingo por la noche en un pleno especial la propuesta de reforma constitucional sobre el sector energético presentada por el gobierno y que provocó un encendido debate en torno a la posibilidad de revertir la apertura del mercado realizada en 2013.
La reforma buscaba garantizar al Estado la generación de al menos el 54% de la electricidad que necesita el mercado, es decir, dar ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural. Sus detractores aseguraban que esto viola la libre competencia y acuerdos internacionales suscritos por México.
Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados no lograron la mayoría cualificada para sacar adelante los cambios en la Carta Magna y solo consiguieron 275 votos de los 332 que se necesitaban. Un total de 223 legisladores votaron en contra. No hubo abstenciones.
La oposición se había declarado totalmente en contra y la mayoría de sus diputados pernoctaron en la Cámara el sábado para evitar contratiempos o que manifestantes oficialistas les bloquearan el acceso el domingo por la mañana.
El debate estuvo marcado por las descalificaciones y un tono muy ríspido. Hubo pancartas, banderitas de México y gritos cruzados coreados con los puños en alto en los que oficialistas y opositores se acusaban mutuamente de traidores a la patria.
La reforma constitucional incluía también considerar el litio un mineral estratégico que sólo puede explotar el gobierno. Sin esperar a la votación, el presidente puso en marcha su plan B y envió el domingo por la noche al Congreso una propuesta de cambios a la ley minera para garantizar la medida sobre el litio. La Cámara lo debatirá el lunes. En este caso, el gobierno sí cuenta con votos suficientes para sacarla adelante.
“Pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”, escribió el mandatario el domingo por la noche en su cuenta de Twitter.
El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, unidos en la coalición opositora “Va por México”, tenían previsto presentar un nuevo texto con el que se pueda llegar a algún consenso.
El entendimiento se prevé complicado, pero dar claridad legal a un sector sumido en la incertidumbre es una de las demandas de la iniciativa privada y también del gobierno de Estados Unidos —país de origen de muchos de los inversores en el sector— que ya auguró más litigios en foros tanto nacionales como internacionales.
La actual Ley de la Industria Eléctrica, modificada en 2021 en la misma línea de la reforma constitucional, está recurrida en los tribunales porque, entre otros puntos, prevé la revisión o anulación de contratos ya firmados.
De forma paralela, la Corte Suprema debatió el tema este mes y aunque la mayoría de magistrados criticaron la iniciativa, no se lograron los votos necesarios para declararla inconstitucional.
