Niños migrantes son víctimas de maltrato
Los Ángeles
AP
a ola de decenas de miles de niños que huían de la violencia en Centroamérica abrumó de tal manera a las autoridades fronterizas estadounidenses, que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación, concluyó una investigación de The Associated Press.
Ante la falta de camas para albergar al número sin precedente de menores que iban llegando, el Departamento de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos relajó sus normas los últimos tres años a fin de agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos. Las normas fueron relajadas aún más a medida que el éxodo de menores aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la AP, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.
En primer lugar, las autoridades dejaron de tomarle las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril de 2014, la agencia dejó de exigir las partidas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes, dejó de exigir que se llenen los formularios donde se pedía la información personal de los patrocinadores. Luego dejó de exigir la revisión de prontuarios criminales del FBI para muchos de los patrocinadores.
Desde la modificación de las normas, la AP ha detectado más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.
“Esto es claramente la punta del iceberg”, declaró Jacqueline Bhabha, directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. “Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadounidenses”.
Los defensores de los niños dicen que es difícil determinar el número exacto de niños sometidos a abusos entre los 89.000 que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos de los niños no han sido encontrados. Tanto los activistas como contratistas señalan que reiteradamente le advirtieron al gobierno, empezando en 2012, sobre el aumento incesante del flujo de niños migrantes. Incluso la misma agencia le advirtió a sus empleados el año siguiente sobre la existencia de “patrocinadores falsos” en Colorado, Iowa y Minnesota que trataban de adoptar varios niños a la vez que no tenían parentesco entre sí.
Las autoridades se han negado a divulgar detalles de cómo se llegó a tal escasez de personal, pero aseguran que están reformando las medidas de seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en aumento y recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues.
“No estamos tomando atajos”, dijo el vocero del departamento, Mark Weber. “En general el programa funciona muy bien”.
El senador republicano Rob Portman, de Ohio, presidente del Comité de Investigaciones de la cámara alta, declaró que pautará una audiencia el jueves sobre el programa de esa dependencia del gobierno para reubicar a los niños refugiados, pues teme que las fallas son sistémicas.
