“Nicaragua es una dictadura”, acusa gobierno de EEUU
El gobierno de Estados Unidos aseguró el martes que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura.
“Ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático”, expresó en conferencia de prensa telefónica Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense. ”Es una dictadura… que carece de cualquier mandato democrático», sentenció.
La nación centroamericana realizó elecciones presidenciales el domingo en las que se reeligió por tercera vez consecutiva Daniel Ortega. Los comicios fueron ampliamente criticados por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.
Los comentarios de Zúñiga representan la aseveración más fuerte que ha hecho hasta este momento el gobierno del presidente Joe Biden para referirse a la administración de Ortega tras los comicios. Tienen lugar también a un día del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Washington espera que gran parte de la región condene la situación en Nicaragua, exija la liberación de los “presos políticos” y analice las acciones a seguir para preservar la democracia en las Américas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó el martes la “ilegítima” reelección de Ortega en Nicaragua y exhortó a la Asamblea General del organismo a actuar ante lo que llamó una “clara violación de la Carta Democrática” de la organización.
“Rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en #Nicaragua”, dijo Almagro en su cuenta de Twitter y acompañó su mensaje con un informe de 17 páginas de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia que plantea “anular” los comicios del domingo pasado y celebrar otros con garantías y condiciones aceptadas internacionalmente.
“La comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral”, señala el informe.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua adjudicó el lunes a Ortega el 75,92% de los votos en un escrutinio preliminar. Al menos 40 países rechazaron esos resultados.
Al hablar con la prensa, Zúñiga dijo que “nadie se deja engañar por la farsa electoral» e instó a la comunidad internacional a condenar con acciones los resultados de los comicios y exigir la liberación de los presos políticos. El funcionario estadounidense asemejó la situación actual de Nicaragua con la que pasó el país durante la dictadura de la familia Somoza, que se extendió durante 43 años, a partir de 1936.
«Resulta paradójico que Ortega y Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica dirigida por una familia, al igual que lo hizo la dictadura de Somoza, que fue derrocado por los sandinistas hace 40 años”, dijo Zúñiga. El general Anastasio Somoza Debayle fue el último de una dinastía familiar que gobernó Nicaragua como una dictadura militar durante casi medio siglo, y fue derrocado en 1979 por las guerrillas del Frente Sandinista, de las que Ortega formó parte. A los gobiernos de los Somoza se le imputan graves crímenes contra sus opositores.
Murillo, además de ser primera dama, se reeligió como vicepresidenta. Recientemente el mandatario la nombró su “copresidenta”, un cargo que no existe en la Constitución.
Zúñiga, además, advirtió que “existe el temor” de que si no hay medidas o un esfuerzo regional “esto pueda suceder en otros países”. Por eso aseguró que Estados Unidos usará todas las herramientas y recursos que tenga a su disposición “para presionar a la dictadura”. No ofreció detalles, pero explicó que será una combinación de sanciones impulsadas por el gobierno de Biden, el congreso estadounidense y acciones diplomáticas conjuntas con la Comunidad Europea y los países de las Américas.
Entre los opositores encarcelados figuran unos 40 líderes políticos, periodistas, exguerrilleros y exdiplomáticos, así como siete precandidatos que planeaban competir contra Ortega en los comicios y fueron enviados a prisión en junio pasado.
