Nueva “carga pública” en efecto
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
La comunidad inmigrante recibió un baldazo de agua fría esta semana, después de que (USCIS) adoptara a partir del 24 de febrero las nuevas “reglas de carga pública”, que dificultan aún más la adquisición de la residencia permanente de los Estados Unidos, si es que los aplicantes recibieron beneficios federales de salud, alimentación o vivienda.
La Corte Suprema de Justicia, con una mayoría conservadora, se puso del lado de la administración del presidente Donald Trump, para dejar sin efecto los mandatos de las cortes federales en New York y en Illinois, que impedían la puesta en marcha de la regla de “carga público”.
Los críticos llaman la regla de carga pública una “prueba de riqueza”, ya que le da potestad a los oficiales de aceptar o rechazar a una persona si consideran que no están económicamente cómodos, limitando la posibilidad de muchas personas de regiones como Latinoamérica, de emigrar hacia los Estados Unidos.
En su opinión, la jueza Sonia Sotomayor, de corriente más liberal, acusó a sus colegas conservadores de ponerse del lado de la administración sin examinar los casos de manera crítica.
De acuerdo con la regla, una persona podría ser considerada una carga pública si recibe beneficios por 12 meses en total, dentro de un periodo de 36 meses.
La medida ha venido generando temor desde hace meses entre la comunidad inmigrante, e incluso dejan de solicitar beneficios para los que califican por no querer ver arruinadas sus posibilidades de una residencia permanente o la ciudadanía.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia allanó el camino para que el gobierno del presidente Trump pueda empezar a aplicar las nuevas reglas de carga pública a aquellas personas que buscan aplicar a una residencia permanente o que quieren obtener la ciudadanía de los Estados Unidos.
La regla de “carga pública” existe desde hace décadas, pero ha sido ampliada para que los encargados de revisar las aplicaciones migratorias, determinen si una persona es elegible o no, dependiendo si ha utilizado beneficios federales en el pasado, o si considera que por su condición económica podría utilizar estos beneficios en el futuro.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) incluyó Medicaid (excepto en caso de emergencia y en menores de 21 años), los cupones de alimentos como SNAP y EBT, la Asistencia Temporal en Efectivo, y la asistencia de vivienda conocida como Sección 8, entre los beneficios considerados dentro de la regla de carga pública. Estos se añaden al TANF, SSI, y asistencia para cuidado a largo plazo que ya estaban siendo considerados.
La regla dice que se denominará carga pública a aquellos que reciban beneficios por 12 meses en total, dentro de un periodo de 36 meses.
Mientras que Ken Cuccinelli, director encargado de USCIS, argumenta que las nuevas medidas están dirigidas a promover la autosuficiencia de los inmigrantes, los activistas y expertos en temas de inmigración consideran que es una movida elitista que limita la inmigración de personas provenientes de Latinoamérica y otras regiones pobres, y les abre las puertas únicamente a personas con un buen estatus económico.
Pero esto no tiene asustados únicamente a aquellos que quieren ingresar al país sino también a quienes llevan años en los Estados Unidos y que quieren regular o cambiar su estatus migratorio.
En el condado de Montgomery, Maryland, funcionarios electos arrojaron luz sobre lo perjudicial que ha sido la medida que, aunque empezó a regir desde el pasado lunes, viene regando temores en la comunidad desde hace más de un año.
«Es una decisión devastadora que obliga a varias familias de aquí, en el condado de Montgomery y en todo el país, a tomar la decisión imposible de tener que elegir entre acceder a los servicios que ellos y sus familias necesitan tan críticamente o decidir si acceder a esos servicios o no, por lo tanto, es más probable que obtengan la residencia permanente y la ciudadanía», dijo el concejal Gabe Albornoz en una reunión del consejo la noche del pasado martes sobre la posición de la Corte Suprema.
Él y la concejal Nancy Navarro dijeron que ya se ha visto una disminución en la cantidad de personas que solicitan beneficios en el condado, a pesar de que son elegibles y de que no les afectará en sus planes a futuro. «Hemos escuchado que los padres no quieren acceder a cosas como almuerzos gratuitos y reducidos y subsidios para el cuidado de niños solo por miedo», dijo Navarro.
Albornoz enfatizó que los servicios ofrecidos por el condado, como los programas de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos, no son parte de la regla de carga pública y están abiertos a todos los miembros de la comunidad, independientemente de su estatus migratorio o de residencia.
Como una manera de proteger a los residentes el concejal Albornoz, junto co Navarro presentaron una resolución al Consejo en la que condenan la decisión de la Corte Suprema de mantener la regulación y solicitan al Congreso que adopte una legislación integral de reforma migratoria que anule las nuevas reglas. La resolución fue adoptada de manera unánime.
Campaña de información
La página web www.protectingimmigrantfamilies.org lanzó una campaña de información que ayuda a las personas a tener una idea más clara sobre a quiénes aplica la regla del cargo público y cuáles son los beneficios que se cuentan dentro de la regla de carga pública. Por ejemplo:
● Si usted y los miembros de sus familia son ciudadanos estadounidenses, la regla de carga pública no aplica para usted.
● Si usted y los miembros de su familia son residentes permanentes, la regla de carga pública no aplica para usted.
● Si tiene TPS, visa T o U, es refugiado, asilado o estatus especial para inmigrante juvenil, o está aplicando para estos estatus, puede seguir recibiendo los beneficios para los que califica.
● Si quiere aplicar para una tarjeta de residencia, es mejor consultar un abogado de inmigración antes de optar por los beneficios federales.
