La nueva moratoria de desalojos de Biden enfrenta dudas de legalidad
AP
Washington Hispanic:
El presidente Joe Biden pudo haber evitado una avalancha de desalojos y resuelto un creciente problema político cuando su administración restableció una prohibición temporal de desalojos debido a la crisis del COVID-19. B ut dejó a sus abogados con argumentos legales que incluso él reconoce que podrían no estar de pie en los tribunales.
La nueva moratoria de desalojo anunciada el martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades podría topar con la oposición en la Corte Suprema, donde un juez advirtió a finales de junio a la administración que no actuara más sin la aprobación explícita del Congreso.
Los propietarios de Alabama cuyo intento de levantar la pausa anterior sobre los desalojos fracasó regresaron a la corte federal en Washington la noche del miércoles, pidiendo una orden que permitiera que se reanudaran los desalojos.
La administración cuenta con las diferencias entre la nueva orden, programada para durar hasta el 3 de octubre, y la pausa de desalojo que caducó durante el fin de semana para reforzar su caso legal. Por lo menos, como dijo el propio Biden, la nueva moratoria ganará algo de tiempo para proteger a los aproximadamente 3,6 millones de estadounidenses que podrían enfrentar el desalojo de sus hogares.
Algunos estudiosos del derecho que dudan de la nueva prohibición de desalojo se levantarán dicen que sus fundamentos legales son sorprendentemente similares a la anterior.
«¡Cumplan con la nueva moratoria, igual que la antigua moratoria!» Ilya Somin, un profesor de derecho de la Universidad George Mason que respaldó a Biden sobre el expresidente Donald Trump el año pasado, escribió en Reason.com.
Nicholas Bagley, profesor de derecho de la Universidad de Michigan, dijo que espera que los propietarios «de todo el país recurra inmediatamente a los tribunales en un esfuerzo por asegurar una orden judicial preliminar», una orden que efectivamente permitiría que se reanuden los desalojos.
La cuestión legal básica es si los CDC tienen la autoridad en medio de una crisis de salud pública para imponer una pausa en los desalojos, bajo la ley federal existente que data de 1944.
El juez de distrito dabney Friedrich dictaminó en mayo que los CDC excedieron su poder bajo esa ley, una decisión que Bagley calificó de «mesurada y sensata». Pero Friedrich mantuvo su fallo a favor de los propietarios de Alabama en espera de apelación.
En junio, la Corte Suprema votó 5-4 para permitir que la moratoria se mantuviera vigente hasta finales de julio, a pesar de que un juez de la mayoría, Brett Kavanaugh, escribió que creía que los CDC carecían de autoridad para ordenarla. Extender la moratoria más allá, escribió Kavanaugh, solo sería posible con «una autorización clara y específica del Congreso (a través de una nueva legislación)».
