Jueces de inmigración denuncian interferencias del gobierno
AP
Washinton Hispanic
La remoción de un juez de su juzgado, aparentemente porque demoraba las órdenes de deportación, planteó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y los jueces de inmigración, que acusaron al Departamento de Justicia y su titular Jeff Sessions se socavar la independencia de esos tribunales.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el gremio de estos juristas, pidió a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de los Casos de Inmigración, órgano del Departamento de Justicia, que declare por escrito que no va a interferir con “la autoridad de tomar decisiones” de los jueces ni a reasignar los casos. Voceros del sindicato dijeron que había casos que fueron reasignados aparentemente para conseguir los resultados deseados por el gobierno nacional.
“La independencia en las decisiones de los jueces de inmigración está en jaque”, declaró la jueza de Los Ángeles A. Ashley Tabaddor en su condición de presidenta del sindicato de jueces. “Si se permite que esto persista, el departamento puede sencillamente elegir los juzgados donde puede conseguir los resultados que desea”.
La querella fue motivada por el caso de un inmigrante guatemalteco que vino a Estados Unidos como un menor no acompañado hace varios años y no acudió a varias audiencias. Abogados del Departamento de Seguridad Nacional habían pedido al juez que emitiese una orden de deportación en vista de que el hombre no se presentaba.
El juez Steven A. Morley, sin embargo, dejó el caso en suspenso para averiguar si se habían enviado las citaciones correspondientes.
El Departamento de Justicia decidió entonces reasignar el caso a un juez que viajó desde Virginia para atender el asunto y emitió la orden de deportación.
El sindicato dice que a Morley le sacaron decenas de casos, que deben ser colocados nuevamente a su cargo.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de los Casos de Inmigración dijo el miércoles que hay razones para pensar que Morley “cometió potenciales violaciones a los procesos y las prácticas estipuladas por las leyes federales y las políticas” de esa dependencia.
El comunicado agrega que la Oficina del Principal Juez de Inmigración investiga “toda situación en la que se plantea alguna inquietud acerca de la conducta de un juez de inmigración, sin importar si la inquietud es generada por un representante, terceras personas o es producto de una revisión interna”, y tomará las medidas indicadas, a juzgar por los hechos.
El sindicato sostuvo el viernes por la noche que si alguien considera que un juez se equivocó en un fallo, debe presentar una apelación ante los tribunales correspondientes. Dijo que la intervención en los casos de un juez constituye un intento de “influenciar las decisiones del juez sin seguir el proceso de apelación” indicado.
Tabaddor señaló que el sindicato cree que el caso de Morley es parte de un problema más grande: los esfuerzos por influir en el funcionamiento de los tribunales de inmigración, “convirtiendo a los jueces de inmigración en un brazo de las fuerzas policiales”.
El Departamento de Justicia tiene 60 días para responder a la querella. Si no hay un acuerdo, se programa una vista con un árbitro independiente que dispone los pasos a seguir.
Un vocero del Departamento de Justicia dijo que no tenía nada que decir sobre la querella, que normalmente no se hace pública.
Tabbador manifestó que el juez Morley está consciente de que puede sufrir represalias por haber sacado a la luz la querella, pero que estaba “tan furioso” con lo sucedido que le pareció que era algo necesario.
Tabaddor dijo que no estaba al tanto de que otros jueces hayan sido reasignados en medio de sus casos “para tratar de conseguir otro desenlace”. Pero señaló que los jueces tienen que lidiar con decretos presidenciales que fijan cuotas y plazos para acelerar los procesos de deportación, los cuales entrarán en vigor en octubre. El sindicato participó en una audiencia de arbitraje el lunes en torno a las cuotas.
El sindicato de jueces dijo que las medidas del Departamento de Justicia no solo socavaron la autoridad de Morley, sino que también “comprometen la capacidad de los jueces de inmigración de todo el país para aplicar debidamente las leyes de inmigración” respetando los derechos de todas las partes.
