Gobierno reactiva regla de carga pública
A partir del martes 22 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos reactivó la implementación de la llamada Regla Final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública aplicada a todos los trámites que incluye un beneficio migratorio, entre ellas la solicitud de residencia permanente y/o cualquier otro ajuste de estatus.
Esto significa que antes de aprobarse cualquier beneficio migratorio, el gobierno estadounidense evaluará si el solicitante podría convertirse en carga para el Estado en un futuro.
El 24 de febrero, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) implementó esta regla, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la frenó bajo el argumento de que la política disuadía a los inmigrantes solicitar una prueba de COVID-19 por temor a quedar registrados y que ese servicio sea considerado como parte de un gasto público. El argumento en corte fue que su implementación amenazaba los esfuerzos nacionales para controlar la propagación del coronavirus.
El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del segundo circuito respaldó al gobierno, permitiéndole reanudar la implementación de esta regla.
A través de un comunicado, USCIS indicó que “la decisión suspende la orden judicial del 29 de julio de 2020 emitida durante la pandemia de coronavirus…”.
“Por lo tanto, aplicaremos la regla final de carga pública y la orientación relacionada en el manual de políticas de USCIS a todas las solicitudes y peticiones con matasellos (o enviadas electrónicamente) a partir del 24 de febrero de 2020”, precisó.
La regla final también requiere que los extranjeros que están en Estados Unidos que tienen una visa de no inmigrante y desean extender su estadía en la misma clasificación de no inmigrante o cambiar su estatus a una clasificación de no inmigrante distinta, deben demostrar, como una condición para la aprobación, que no han recibido, desde que obtuvieron su estatus que desean extender o cambiar, beneficios públicos por más de 12 meses, en total, dentro de cualquier periodo de 36 meses.
Los abogados consideran perjudicial la medida porque impedirá que muchos inmigrantes consideren ajustar su estatus migratorio, solicitar la residencia permanente o la ciudadanía.
