Gobierno de Biden suspende prioridades de deportación
En reacción al fallo de un tribunal federal de Texas, el gobierno del presidente Joe Biden ha suspendido una orden que daba prioridad al arresto y deportación de los inmigrantes que fueran considerados una amenaza a la seguridad pública y nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado el sábado que acatará la decisión emitida este mes, aun cuando discrepa y la apelará.
Activistas por los derechos de los inmigrantes y expertos dijeron el lunes que la suspensión de la orden de Biden sólo sembrará temor entre las comunidades de inmigrantes.
Muchas personas que viven en el país de manera ilegal ahora tendrán miedo de salir de sus casas por temor a ser detenidas, aun si son personas respetuosas de la ley en general, dijo Steve Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad Cornell.
Decidir quiénes son prioridad para arresto y deportación es una necesidad, señaló. “Simplemente no tenemos suficientes agentes del ICE para que detengan y entreguen a las autoridades judiciales a todos los que infringen nuestra ley de inmigración”, agregó Yale-Loehr, refiriéndose al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
El caso de Texas gira en torno a un memorándum que emitió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre pasado, en el que ordena a las agencias de inmigración enfocar sus labores en las personas que representen una amenaza a la seguridad nacional o pública, o que ingresaron recientemente a Estados Unidos de forma ilegal.
El enfoque se apartaba del utilizado durante el gobierno del presidente Donald Trump, en el que a las agencias de inmigración se les dio amplio margen de maniobra para decidir a quién detener y deportar, lo que obligó a muchos inmigrantes que carecen de estatus legal a alterar su rutina diaria con el fin de evitar ser detectados, como por ejemplo evitar conducir un vehículo o incluso refugiarse en iglesias y otros sitios a los que en general las autoridades migratorias no entran.
Pero el 10 de junio, el juez federal Drew Tipton declaró inválido el memo de Mayorkas, respaldando a funcionarios estatales republicanos de Texas y Luisiana que alegaron que el gobierno de Biden carecía de autoridad para emitir una directriz así.
En respuesta, los agentes del ICE tomarán decisiones “caso por caso, de una forma profesional y responsable, basándose en su experiencia como agentes policiales y de una forma que sea la que mejor proteja contra las mayores amenazas a la patria”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en su comunicado el sábado.
Aún está por verse cómo será implementado el fallo de la corte, dicen activistas.
Sarang Sekhavat, director político de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts, el mayor grupo de su tipo en la región de Nueva Inglaterra, dijo que el resultado de la suspensión probablemente dependa del enfoque que tomen las oficinas de campo locales del ICE.
Algunas oficinas del ICE podrían elegir ir tras un rango más amplio de inmigrantes, mientras que otras seguirán enfocándose en perseguir a los que representan una mayor amenaza, señaló.
“Esto elimina cualquier tipo de directriz centralizada”, indicó Sekhavat. “Lo que esto hace es dejar las cosas realmente en las manos de las oficinas de campo locales».
A nivel nacional, los agentes del ICE arrestaron a más de 74.000 inmigrantes y expulsaron a más de 59.000 en el año fiscal que concluyó en septiembre, según el informe anual más reciente de la agencia. Es un descenso en comparación con los casi 104.000 arrestos y 186.000 deportaciones del año fiscal previo, de acuerdo con datos del ICE.
Portavoces del ICE en Washington y la oficina de campo de Boston —que cubre los seis estados que conforman Nueva Inglaterra— declinaron hacer comentarios el lunes. Funcionarios de la oficina de campo de la agencia en Los Ángeles tampoco quisieron declarar.
Pero en una entrevista con The Associated Press en junio efectuada antes de que la corte de Texas emitiera su fallo, Thomas Giles, jefe de la oficina del ICE en Los Ángeles, dijo que nueve de cada 10 arrestos de migrantes a nivel local son de personas que han sido declaradas culpables de delitos.
Dijo que las prioridades del gobierno de Biden no trajeron consigo un enorme cambio en la región porque los agentes ya estaban enfocados en detener a personas que habían sido declaradas culpables de delitos graves o deportadas previamente.
Ello los obligaba a sopesar factores agravantes y atenuantes, y a efectuar evaluaciones más detalladas sobre los casos, señaló, pero el enfoque seguía siendo constante.
“Estamos aquí para mejorar la seguridad pública”, declaró Giles.
