Corte respalda prioridades para casos de deportación
Las directrices federales que dan prioridad a la deportación de las personas que se encuentran de manera ilegal en el país y que representan el mayor riesgo para la seguridad pública pueden ser aplicadas, falló el martes un tribunal federal de apelaciones.
La decisión gira en torno a una directriz emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) que ponía en pausa la deportación a menos que las personas hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces para la seguridad pública”.
La directriz del gobierno del presidente Joe Biden actualizó la política implementada por el gobierno de su predecesor, Donald Trump, que expulsaba a las personas que estaban en el país de forma ilegal sin tener en cuenta los antecedentes penales o los vínculos con la comunidad.
Un juez federal suspendió la política de Biden después de que Arizona, Ohio y Montana entablaran una demanda para detenerla, con el argumento de que provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden. Después de que el gobierno apelara, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito anuló la orden preliminar del juez.
El tribunal de apelaciones dijo que los estados no podían probar los perjuicios que alegaban y que la guía sólo instruye a los agentes federales sobre cómo aplicar una ley sobre la que el gobierno nacional tiene una autoridad considerable.
Las directrices del DHS “no imponen ningún costo directo a los estados ni amenazan con la pérdida de ninguna financiación federal”, escribió el juez presidente de circuito Jeff Sutton.
