Corte falla a favor de cancelar TPS
Incertidumbre, miedo y tristeza son los sentimientos que quedaron a flor de piel entre miles de inmigrantes en Estados Unidos al darse a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito a favor de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que afecta a migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
Con dos votos a favor y uno en contra, el tribunal encontró que un juez de primera instancia “abusó de su discreción” al prohibir temporalmente al gobierno poner fin al estatus de protección temporal.
Actualmente, los afectados por este fallo tienen hasta el 4 de enero de 2021 para salir del país, pero según una resolución del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunciada en noviembre de 2019, los beneficiados cuentan con un periodo de gracia de 120 días, mientras que los salvadoreños cuentan con un periodo adicional de 365 días.
Se prevé que el fallo afecte a los migrantes de Honduras y Nepal, quienes también se encuentran bajo el mismo amparo y enfrentarían una situación similar.
El TPS es un amparo migratorio temporal que ofrece la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a inmigrantes de otras nacionalidades.
Según el Departamento de Justicia, el TPS se asigna a países en los que hay un conflicto armado o en los que se ha producido un desastre natural.
Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, actualmente hay más de 417.341 inscritos en el TPS en todo EE.UU., de los cuales el 90% son de El Salvador (251.445), Honduras (80.570), Haití (56.114) y Nicaragua (4.508).
“El anuncio ha sido devastador”
Llegar a su propio país como si fuera una extraña, llena de miedo, incertidumbre y tristeza es el futuro cercano que vislumbra Yanira Arias Soriano, una inmigrante de origen salvadoreño, quien está protegida por el TPS desde 2001.
“Un anuncio de esta naturaleza, luego de dos décadas ha sido bastante devastador, causa mucha ansiedad al no saber qué es lo que va a suceder”, cuenta Yanira al Washington Hispanic.
Si bien todavía el permiso para vivir y trabajar en EE.UU. está vigente, esta mujer de 48 años y residente en San Juan, Puerto Rico siente “como si fueran horas, o días, los que me quedan para estar aquí”.
Yanira señala que llegó a este país cuando tenía 27 años y desarrolló su vida laboral en este país. Como activista comunitaria de Alianza América, cuenta que su experiencia de trabajo la tiene en EE.UU., su plan de retiro lo ha construido en este país y en El Salvador no tiene nada.
“Obligarme a la autodeportación sería regresar a un país que no conozco. Sólo tengo a mis padres bien ancianos que no sé si los encuentre vivos cuando regrese, ellos dependen económicamente de mí. Es regresar a la violencia a un país peligroso y lleno de corrupción”, agregó.
“Yo no soy la única, nadie está preparado para en tan pocos meses cambiar su vida de décadas”, finalizó.
“Busquen asistencia legal inmediata”
Como organizadora comunitaria de Alianza América, Yanira no podía quedarse a con lamentos por lo que han iniciado una campaña de información para que la comunidad entienda lo que está pasando y aprenda a conocer sus derechos.
“Lo primero es buscar asesoría legal para ver si pueden solicitar otro tipo de alivio migratorio. Cada caso es único por lo que deben hablar con un especialista”, recomienda.
Al mismo tiempo es muy importante animar a las personas que son ciudadanas estadounidenses a salir a votar porque es la única manera de tener voz.
“Animemos a quienes pueden votar a que voten por un cambio en las leyes de inmigración, que se solidaricen con las personas que han sido afectadas por las recientes regulaciones migratorias”, asegura Yanira Soriano.
“Nos hemos quedado en el limbo”
Claudia Orellana vive junto a su esposo y tres hijos en Virginia desde hace 20 años. Estaban a punto de comprar una casa más grande para disfrutar con su familia cuando llegó el anuncio de la cancelación del TPS.
“Es algo bien frustrante para toda nuestra familia. Mi esposo y yo trabajamos en la misma compañía desde hace 15 años y necesitamos tener un permiso de trabajo para seguir ganando nuestro sustento. Nos hemos quedado en el limbo”, dijo Claudia al Washington Hispanic.
“Nos sentimos atados. Cómo vamos a vivir, cómo vamos a trabajar”, agregó.
La historia de Claudia es la de muchas familias amparadas por el TPS y que ahora no saben cuál será su futuro. Personas que necesitan permisos de trabajo, licencias de conducir para llevar a sus hios, que son en su mayoría ciudadanos estadounidenses, a la escuela, a sus clases de deportes, etc.
“Nosotros aportamos a esta nación. Venimos a triunfar a superarnos y no a agarrar beneficios del gobierno. Necesitamos que el Congreso de EE.UU. nos ayude y ofrezca la residencia permanente para todos los amparados por el TPS”.
Organizaciones preparan contrademanda
Tras el fallo adverso para los amparados por el TPS, las organizaciones comunitarias no se hicieron esperar y empezaron a prepararse para presentar una contrademanda.
“Para frenar estos hechos vamos a presentar una contrademanda. En este momento estamos preparándola junto a otras organizaciones como parte de una coalición nacional y la estaremos presentando en los próximas días”, dijo Gustavo Torres, presidente ejecutivo de CASA al Washington Hispanic.
Por otro lado, Torres indicó que si bien el fallo es una “decisión terrible” no representa una deportación inmediata.
“Todo es un proceso y el presidente Trump no puede hacer nada antes de las elecciones es pore so que es clave salir a votar en noviembre porque es la única manera de parar cualquier acción”, expresó Gustavo Torres.
También manifesto que las familias tepesianas que tienen hijos ciudadanos con edad para votar deben salir a las urnas en noviembre “ellos tienen la responsabilidad de salir a votar por sus padres y sus familias”.
Al mismo tiempo, Torres instó a estar preparados en caso suceda lo peor. Las familias deben prepararse para saber qué va pasar con sus hijos, con sus propiedades, con el legado que tienen en este país si es que llegara el momento de abandonar el país.
La Unión Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que forman parte de la representación legal de los beneficiarios de TPS y organizaciones que presentaron la demanda inicial, también anunció que planea apelar el fallo, que podría llegar a la Corte Suprema.
«Continuaremos luchando en el sistema judicial, en las calles, en los pasillos del Congreso y en la corte de la opinión pública. Vamos a agotar todos los recursos legales a nuestra disposición para proteger a nuestra comunidad», explicó el líder nacional de la Alianza Nacional de TPS, una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
La organización argumenta que la decisión no solo afecta a las más de 300.000 personas que viven legalmente en EE.UU. gracias al TPS sino a un estimado de 250 mil de ciudadanos estadounidenses, hijos de los migrantes, que «se podrían ver forzados a tomar la imposible decisión de elegir entre sus familias y sus hogares».
