Congresista de Texas quiere estatus legal para trabajadores migrantes en industria de construcción en crisis
La representante estadounidense Mónica De La Cruz prometió explorar nuevas formas para que los inmigrantes trabajen legalmente en la industria de la construcción.
La republicana de Edinburg anunció el lunes sus planes de reunirse con el Departamento de Trabajo de EE. UU., después de que los constructores del sur de Texas expresaran su frustración por el impacto negativo que los arrestos por inmigración en las obras de construcción estaban teniendo en su industria. De La Cruz sugirió que EE. UU. debería crear un programa especial de visas para trabajadores de la construcción, similar al programa de visas H-2A que permite a los extranjeros trabajar en el sector agrícola.
«Nos gustaría ver dónde encajaría la industria de la construcción», dijo De La Cruz.
El presidente Donald Trump ganó la reelección tras prometer intensificar las deportaciones. Durante el último año, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a más de 9,100 personas tan solo en el sur de Texas.
“Me eligieron para representarlos en Washington, D.C., y para ser su voz, incluso cuando se oponga a la administración Trump”, añadió De La Cruz. “En definitiva, quiero representar al sur de Texas, a nuestra comunidad y asegurar que sigamos prosperando”.
Existe un interés constante entre los republicanos por crear una nueva categoría de trabajadores legales, lo que supone una moderación respecto a la postura intransigente que muchos en el partido han mantenido durante años. Los republicanos de Texas y Washington, liderados por Trump, han argumentado, en parte, que una aplicación más estricta de las leyes migratorias generaría más empleos para los estadounidenses.
En septiembre, el representante estadounidense Lloyd Smucker, republicano de Pensilvania, volvió a presentar una legislación que presentó previamente en 2023, la Ley de Trabajadores Esenciales para el Avance Económico, que crearía una nueva categoría de visa para trabajadores no agrícolas.
El apoyo abierto de De La Cruz a un nuevo estatus para los trabajadores de la construcción se produce después de una reunión con la Asociación de Constructores del Sur de Texas el lunes.
Durante la reunión a puertas cerradas, los constructores discutieron los problemas que enfrenta la industria de la construcción, pero también plantearon preguntas sobre sus derechos cuando uno de sus sitios de construcción es atacado por oficiales de ICE, según Mario Guerrero, director ejecutivo de la asociación.
“Estamos tratando de averiguar qué reglas se aplican a todas estas redadas, si es que hay alguna que aplique, porque no nos informan si es necesario mostrar una orden judicial”, dijo Guerrero. “Ella está dispuesta a averiguarlo y darnos la respuesta”.
Durante meses, el temor a las redadas de ICE ha ahuyentado a trabajadores de diversos sectores, incluyendo la construcción y la restauración. Los desafíos en el sector de la construcción del Valle del Río Grande cobraron nueva relevancia después de que Guerrero celebrara una gran reunión de líderes del sector en noviembre.
La reunión congregó a más de 300 personas , incluyendo profesionales de los sectores maderero, inmobiliario, bancario y de la construcción, así como algunos funcionarios electos locales. Representantes de cada sector compartieron por turnos cómo sus negocios se habían visto afectados por los arrestos de ICE, que han paralizado las obras.
Desde entonces, Guerrero y la asociación de constructores han sido invitados a reunirse con líderes del Congreso como De La Cruz y el representante estadounidense Henry Cuellar , un demócrata de Laredo que copatrocinó el proyecto de ley de Smucker.
“Estamos intentando hacer lo correcto”, dijo Guerrero. “Si necesitamos seguir celebrando estas reuniones para seguir avanzando en la dirección correcta, eso es lo que estamos intentando hacer”.
Esta no es la primera vez que De La Cruz sugiere que se modifiquen las leyes de inmigración del país. El año pasado, De La Cruz presentó el proyecto de ley Bracero 2.0, cuyo objetivo era abordar las preocupaciones laborales en el sector agrícola mediante cambios en el programa de visas H-2A.
El proyecto de ley buscaba agilizar el proceso de solicitud para empleadores agrícolas y lanzar un programa piloto regional que permitiría a los trabajadores cambiar de trabajo dentro de un estado sin tener que volver a solicitar una visa. También habría fijado el salario mínimo para los trabajadores H-2A en el mismo estado donde se ejecuta el contrato, más $2 por hora, y ampliado la duración de los contratos H-2A de 10 a 12 meses.
Si bien el proyecto de ley no ha sido sometido a votación, el Departamento de Seguridad Nacional promulgó una nueva norma para agilizar el proceso de solicitud para los trabajadores H-2A en octubre.
