Arremeten contra DACA y demandan al gobierno
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
La existencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA, volvió a ser amenazada esta semana cuando los fiscales de Texas y otros seis estados presentaran una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para que este alivio migratorio sea considerado como “inconstitucional”.
Este contragolpe al programa que suspende órdenes de deportación y otorga permisos de trabajo y oportunidades de educación superior a más de 800 mil personas, surgió días después de que un juez federal en el Distrito de Columbia ordenara la reanudación de DACA, argumentando que su suspensión, en septiembre de 2017, fue “arbitraria y caprichosa”.
Ken Paxton, el republicano fiscal general de Texas, cumplió finalmente con sus amenazas de arremeter contra DACA si no era cancelado, y en su esfuerzo por hacer el programa historia, se le sumaron los fiscales de Alabama, Louisiana, West Virginia, South Carolina, Arkansas y Nebraska.
La demanda interpuesta en la Corte de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas pide que se determine la legalidad o ilegalidad del programa que nació en 2012 a través de una orden ejecutiva que emitió el entonces presidente, Barack Obama, al no conseguir que el Congreso presentara una legislación que resolviera la situación migratoria.
Seis años después la historia se volvió a repetir. Después que Trump ordenó la eliminación de DACA, el Congreso debía ofrecer una solución antes del 5 de marzo, pero la fecha llegó y las propuestas no fueron del agrado del mandatario, por lo que los esfuerzos por resolver DACA permanentemente fracasaron esa vez.
«DACA sienta un precedente peligroso al darle al poder ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas por el Congreso y cambiar las leyes de inmigración de nuestro país para adaptarlas a las preferencias políticas del presidente», dijo Paxton en un comunicado.
Las intenciones de la administración de Trump de eliminar DACA tiene varios reveses en su contra. Tras la suspensión, en enero un juez de California emitió un mandato nacional para que el Departamento de Seguridad Nacional volviera a aceptar las solicitudes de reinscripción a DACA que habían sido rechazadas desde septiembre de 2017.
Un mes después un juez de New York emitió un mandato similiar y la semana pasada, el juez John D. Bates ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, volver a explicar en un periodo de 90 días, los motivos por los que considera el programa como ilegal, pues los argumentos anteriores fueron “arbitrarios y caprichosos”.
Erica V. Mason, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos (HNBA, en inglés) dijo que la lucha no ha terminado.
“Los DREAMers siguen con el temor de que serán separados de sus familias, despojados de sus oportunidades de educación, y enviados lejos del único hogar que ellos conocen”, señaló Mason, quien pidió al Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional, al Congreso y al presidente Trump, proveer una solución permanente que les permita a los recipientes de DACA conseguir una ciudadanía.
