Un juez examinará la impugnación del despliegue de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en la capital del país
Un tribunal de Virginia Occidental se dispone a escuchar los argumentos en una demanda que impugna el despliegue de la Guardia Nacional estatal para patrullar las calles de Washington, D.C., como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump de enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas.
La audiencia del lunes por la tarde es la tercera en las últimas tres semanas en Charleston sobre la respuesta del estado a los esfuerzos de Trump para combatir el crimen , que han desatado un torbellino de demandas y fallos judiciales superpuestos.
Virginia Occidental se encuentra entre varios estados que enviaron miembros de la Guardia Nacional a la capital del país a partir de agosto. Si bien la Guardia Nacional estatal ha declarado que su despliegue podría durar hasta finales de noviembre, está consultando con la oficina del gobernador y otras autoridades sobre la posibilidad de extender la estadía. La semana pasada se emitieron órdenes formales para extender el despliegue de la Guardia Nacional de Washington D.C. en la ciudad hasta finales de febrero.
Una organización cívica llamada West Virginia Citizen Action Group afirma en una demanda que el gobernador Patrick Morrisey se extralimitó en sus funciones al desplegar hasta 300 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Según la ley estatal, argumenta el grupo, el gobernador solo puede desplegar la Guardia Nacional fuera del estado para ciertos fines, como responder a un desastre natural o a la solicitud de emergencia de otro estado.
En una audiencia inicial el mes pasado, la organización cívica argumentó que el despliegue la perjudicó al obligarla a reorientar sus recursos, alejándolos de su misión principal de rendición de cuentas y transparencia gubernamental. La oficina del fiscal general del estado intentó desestimar el caso, alegando que la organización no había sufrido ningún perjuicio y carecía de legitimación para impugnar la decisión de Morrisey.
El juez de circuito del condado de Kanawha, Richard Lindsay, continuó la audiencia después de pedir a los abogados del estado que abordaran específicamente si el despliegue era legal.
Después de escuchar el testimonio de un testigo de la parte demandante el 3 de noviembre, Lindsay continuó con el caso.
Si bien Trump emitió una orden ejecutiva en agosto declarando una emergencia delictiva en la capital del país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que los delitos violentos allí se encuentran en su nivel más bajo en 30 años .
En menos de un mes, más de 2300 efectivos de la Guardia Nacional de ocho estados y del Distrito de Columbia patrullaban bajo el mando del secretario del Ejército. Trump también desplegó cientos de agentes federales para brindarles apoyo.
Por otra parte, el 24 de octubre, una jueza federal escuchó los argumentos sobre la solicitud del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb , para que se emitiera una orden que retirara a los miembros de la Guardia Nacional de las calles de Washington. La jueza de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, no emitió un fallo.
