Las familias de las víctimas del colapso del Puente Key, comienza una búsqueda de justicia

Años después de emigrar a Estados Unidos y establecerse en el área de Baltimore, María del Carmen Castellón estaba trabajando en un nuevo capítulo del sueño americano de su familia, con la esperanza de expandir su exitoso negocio de camiones de comida a un restaurante salvadoreño.

Su marido, Miguel Luna, estaba allí junto a ella. Años de trabajos de soldadura y construcción habían comenzado a hacer mella en su salud, pero siguió trabajando duro porque aún no podía permitirse jubilarse. Estaba tapando baches en un turno de noche cuando ocurrió el desastre. Un enorme buque portacontenedores perdió potencia y se estrelló contra el puente Francis Scott Key , lo que provocó que Luna y otros cinco hombres cayeran al agua y murieran al derrumbarse el puente de acero.

Varios meses después, la familia de Luna todavía lucha por construir un futuro sin él .

“Ese día se abrió una herida en mi corazón que nunca sanará, algo que no le deseo a nadie”, dijo Castellón en español, hablando a través de un traductor en una conferencia de prensa el martes.

Ella apareció junto a otros familiares y abogados de las víctimas para anunciar sus planes de emprender acciones legales contra el propietario y el gerente del Dali, argumentando que las compañías actuaron con negligencia e ignoraron los problemas en el barco antes del colapso del 26 de marzo .

Una llamada de socorro de último momento del piloto del barco permitió a los agentes de policía detener el tráfico hacia el puente, pero no tuvieron tiempo de alertar al equipo de obras viales. La mayoría de los hombres estaban sentados en sus vehículos de construcción durante un descanso y no recibieron ninguna advertencia. Uno sobrevivió a la caída del puente abriendo manualmente la ventana de su camión y saliendo a las gélidas aguas del río Patapsco.

Tras el desastre, los buzos de rescate trabajaron sin descanso para recuperar los cuerpos de las víctimas. Los restos submarinos bloquearon el canal principal hacia el puerto de Baltimore durante meses, interrumpiendo las rutas de navegación de la Costa Este y dejando a muchos estibadores temporalmente sin trabajo.

Las seis víctimas eran inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos en busca de empleos mejor remunerados y oportunidades para sus familias. La mayoría había vivido en el país durante muchos años, incluido Luna, que creció en El Salvador y dejó cinco hijos.

Luna solía pasar directamente de un turno en la construcción a ayudar en el camión de comida, donde su esposa servía pupusas y otros platos salvadoreños. El negocio atraía a una clientela diversa y tenía seguidores fieles en su unida comunidad latina al sur de Baltimore.

Castellón dijo que el negocio simbolizaba su visión compartida para el futuro. Apenas unos días antes de su muerte, Luna la sorprendió con una visita al local que esperaban alquilar.

“Cada kilómetro recorrido en ese camión de comida, cada verdura picada nos acercaba un paso más a nuestros sueños”, dijo.

Recordó cómo él se detuvo en el camión de comida antes de ir a trabajar la última vez. Ella le dio de cenar y él le dio un beso.

Castellón dijo que, al buscar justicia para su familia, espera prevenir futuras tragedias al abogar por condiciones de trabajo más seguras. Quiere protecciones más sólidas para los trabajadores inmigrantes que, con demasiada frecuencia, se encuentran aceptando trabajos peligrosos que nadie más está dispuesto a hacer. Mostró un par de viejos uniformes de soldador de su esposo y notó agujeros en la tela causados ​​por chispas que salían volando.

Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, un grupo de defensa de derechos con sede en Maryland, dijo que no debería sorprender que las víctimas del derrumbe fueran trabajadores inmigrantes. Agregó que los intereses corporativos no deben ocultar su sufrimiento bajo la alfombra.

“Ninguna pérdida financiera puede compararse con la pérdida de vidas humanas”, dijo Torres en la conferencia de prensa, llamando a las víctimas “seis almas irremplazables” cuyos seres queridos están tratando de recoger los pedazos después de que sus mundos fueron destruidos en un instante.

El Dali es propiedad de Grace Ocean Private Ltd. y está gestionado por Synergy Marine Group, ambas empresas de Singapur. Las empresas presentaron una petición judicial días después del hundimiento buscando limitar su responsabilidad legal, un procedimiento rutinario para los casos litigados bajo la ley marítima estadounidense. La presentación conjunta busca limitar su responsabilidad a aproximadamente 43,6 millones de dólares en lo que podría convertirse en el caso de siniestro marítimo más caro de la historia.

Darrell Wilson, portavoz del propietario del barco, dijo que se esperaba la próxima impugnación de las víctimas y señaló que el plazo para presentar esas demandas en el caso vence el 24 de septiembre. Se negó a hacer más comentarios sobre el litigio pendiente.

Varias otras partes interesadas , incluidos funcionarios municipales y empresas locales, ya han presentado demandas en contra acusando a las empresas de negligencia. Se espera que en los próximos días se presenten demandas en nombre de las víctimas y sus familias.

Los resultados preliminares de una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte muestran que el Dali experimentó una serie de problemas eléctricos antes y después de salir del puerto de Baltimore. El barco se dirigía a Sri Lanka cuando sufrió un apagón y perdió el timón en el peor momento posible. El FBI inició una investigación sobre las circunstancias que llevaron al accidente.

Hay un plan en marcha para reconstruir el puente, pero podría llevar años.

Mientras tanto, Castellón dijo que planea seguir persiguiendo su sueño de abrir un restaurante, ahora en honor a su esposo.

“Sé que él está ahí arriba observándome, celebrando todas las victorias conmigo”, dijo. “Seguiré haciéndolo sentir orgulloso”.