Gobierno cancela mudanza de oficinas del FBI
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
a cancelación de la mudanza de las oficinas principales del FBI de la ciudad de Washington hacia las afueras le cayó como un balde de agua fría a las autoridades locales de Fairfax, en Virginia; y Prince George’s, en Maryland, que gastaron millones de dólares para ser la nueva sede de esta entidad del gobierno federal.
A principios de julio, la Administracion de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA), dijo a los involucrados que el proyecto se suspendería debido a que el presupuesto del gobierno no incluyó el financiamiento de la obra en su totalidad.
Antes de que se concretaran los planes de mudanza, la GSA pidió al Congreso que aprobaran los dos mil 500 millones y medio de dólares, el valor total del proyecto, pero al no recibir poco más de 910 millones de dólares, decidieron cancelar todos los planes de mudanza por considerar que los fondos no son suficientes.
«La explicación del GSA de terminar con el proceso de reemplazar el viejo edificio J. Edgar Hoover es decepcionante y parece falsa», dijo el ejecutivo del condado de Prince George’s, Rushern Baker, III.
Destacó que esta y las demás jurisdicciones, incluyendo a equipos de desarrollo, dueños de tierras han perdido millones de dólares en estudios y preparativos para seducir al GSA y el FBI.
El supervisor del Distrito Lee, en el condado de Fairfax, Virginia, reaccionó de manera similar a Baker, y dijo que los más grandes perdedores tras la cancelación del proyecto son los mismos empleados del Departamento de Investigaciones Federales.
«Ellos están en una instalación que se desmorona. Las condiciones son deplorables. Necesitan ser reubicados», dijo Jeff McKay. Y es que el viejo J. Edgar Hoover, en el centro de la ciudad de Washington, ha albergado a poco más de la mitad de los empleados del FBI por más de 40 años, y su reparación costaría millones de dólares.
El resto de los empleados están distribuidos en más de una decena de edificios, lo que también se traduce en decenas de millones de dólares al año.
«¿Cuál es su plan B?», es la pregunta que ahora le hacen las jurisdicciones al GSA y al gobierno de turno tras la cancelación del proyecto que llevó más de 10 años de planificación y estudios.
