Fiscales generales se unen en defensa de los Dreamers
Bajo el argumento de que al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) “es un ejercicio legal de la autoridad del Poder Ejecutivo y no viola la Ley de Procedimiento Administrativo”, una coalición de 23 fiscales generales, entre los que se encuentran los de Maryland y Washington DC, instaron el fin de semana a revocar la decisión de poner fin a esa iniciativa, planteada en septiembre pasado por un tribunal de Texas.
El fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, señaló que dicha coalición se opone al esfuerzo continuo de Texas para abolir el programa DACA y confirmó que los fiscales generales presentaron un escrito ‘amicus curiae’ ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, en la que piden revocar la referida decisión.
“El programa DACA ha permitido a los inmigrantes indocumentados vivir, estudiar y trabajar en nuestro país sin temor a ser separados por la fuerza de sus familias y comunidades”, dijo Brown, quien destacó que ellos “sólo conocen a Estados Unidos como su hogar.
«Continuaré apoyando este programa que brinda oportunidades para que los Dreamers crezcan y se conviertan en miembros productivos y valiosos de nuestras comunidades y economía», prosiguió. Y señaló los siguientes aspectos:
- Desde 2012, más de 825.000 jóvenes inmigrantes han recibido protección DACA después de completar solicitudes y pasar una verificación de antecedentes.
- Los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, provienen de diversos países.
- El programa ha permitido que cientos de miles de beneficiarios se inscriban en colegios y universidades; iniciar negocios que ayuden a mejorar nuestra economía; servir en el ejército; y retribuir a nuestras comunidades como maestros, profesionales médicos, ingenieros y empresarios.
- Estas contribuciones se hicieron aún más evidentes durante la pandemia de COVID-19 cuando decenas de miles de beneficiarios de DACA continuaron sirviendo a sus comunidades como trabajadores esenciales y profesionales de la salud de primera línea.
Además, el fiscal general de Maryland hizo notar que los beneficiarios de DACA y sus hogares aportan aproximadamente 9 mil 500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales cada año.
También dijo que una abolición del programa conduciría a una pérdida estimada de 33.100 millones de dólares en contribuciones a la Seguridad Social y 7.700 millones de dólares en contribuciones a Medicare, fondos que garantizan la salud financiera de estos programas nacionales.
