Dan legalización con el TPS
Víctor Caycho
Washington Hispanic
iles de residentes centroamericanos que se benefician con el Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés), podrán ajustar su estatus legal incluso si han entrado sin autorización a Estados Unidos.
Para ello sólo requieren un patrocinador o un familiar directo y no tendrán necesidad de salir del país ni tener años de espera, de acuerdo a la decisión de los tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones adoptada el viernes 31 de marzo.
De esa manera resolvió el caso Ramírez v. Brown, un proceso que se inició luego que el salvadoreño Jesús Ramírez demandó a la Agencia de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), por negarle la residencia permanente luego de haberse casado con una ciudadana estadounidense en el 2013. USCIS argumentó que Ramírez no fue “legalmente admitido” al país ya que entró de modo ilegal.
Sin embargo, el demandante ganó en una corte federal al año siguiente; luego su caso pasó al Noveno Circuito de Apelaciones, que el viernes falló a su favor al señalar que los beneficiarios del TPS “han sido legalmente admitidos” en Estados Unidos.
La acción beneficia a los inmigrantes con TPS que viven en la jurisdicción del referido circuito. Son nueve estados de la parte occidental del país, entre ellos Arizona, California y Nevada, con alta población de salvadoreños y hondureños con TPS.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez declaró a Washington Hispanic el miércoles 5 en exclusividad sobre este tema y dijo que su esperanza es que “en adelante se pueda considerar a este grupo poblacional para que forme parte de un grupo migratorio más permanente en Estados Unidos”.
Si el gobierno apela a la Corte Suprema, el caso Ramírez v. Brown alcanzaría el ámbito nacional.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, se refirió brevemente a la decisión del Noveno Circuito de Apelaciones de EEUU, que permite ajustar el estatus legal a sus compatriotas amparados por el TPS.
En declaraciones a Washington Hispanic hechas a la salida del nuevo edificio del Consulado General de su país en Silver Spring, Martínez destacó que el TPS es una medida ejecutiva del gobierno estadounidense que ya ha sido prorrogada y tiene vigencia hasta marzo del próximo año.
“Las ventanas de oportunidad para entrar a un estatus más permanente siguen siendo las mismas, no hemos tenido ningún cambio”, indicó el canciller. Sin embargo, expresó su esperanza “que en adelante se pueda considerar a este grupo poblacional para que pueda entrar a un grupo migratorio más permanente en los Estados Unidos”.
Asimismo, dijo que “hasta este momento no hemos tenido una discusión legal de fondo (con las autoridades estadounidenses), pero seguramente lo tendremos más adelante”.
Los antecedentes
El fallo de los tres jueces del mencionado tribunal era esperado en todo el país, por sentar un precedente al que se pueden acoger muchos beneficiarios del TPS.
En sí, el dictamen favorece a los nueve estados cubiertos por el Noveno Circuito, entre los que destacan Arizona, California y Nevada, por su alta población inmigrante de origen hispano. También incluye a Hawaii, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Guam y las Islas Marianas.
Salvadoreños y hondureños protegidos por el TPS podrán acogerse al beneficio de la residencia permanente en caso de vivir en esos estados y conseguir un patrocinador o un familiar directo que lo puedan pedir.
Líderes de organizaciones de derechos civiles y defensores de los inmigrantes están recabando mayor información sobre la sentencia y sus alcances para determinar en qué medida pueden beneficiar a la comunidad con TPS.
El panel de tres jueces empezó a ver este caso luego que una corte federal falló a favor de Jesús Ramírez, un salvadoreño que se casó hace cuatro años con la ciudadana estadounidense Bárbara López.
USCIS había rechazado su solicitud de residencia, con el argumento de que entró en forma ilegal al país, por lo que no había sido “legalmente admitido”, un requisito para ajustar el estatus.
Ante el fallo desfavorable, USCIS apeló al Noveno Circuito, y otra vez perdió. Si ahora el gobierno apela a la Corte Suprema, el caso ingresaría al ámbito nacional.
En la actualidad hay otros cuatro estados que aceptan dar residencia permanente a beneficiarios del TPS sin salir del país. Ellos son Michigan, Kentucky, Tenessee y Ohio, pero con escasa población centroamericana.
