Miles de dominicanos exigen cárcel por sobornos de Odebrecht
Washington Hispanic
AP
iles de personas marcharon el domingo hacia el Congreso dominicano para exigir que el presidente Danilo Medina y dos exmandatarios sean investigados para determinar si están relacionado con los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht y exigir cárcel para ellos y todos los beneficiarios de coimas.
“Existen claros indicios de responsabilidad de su gobierno en la licitación irregular y la sobrevaluación de (la termoeléctrica) Punta Catalina”, que construye Odebrecht, dijo la profesora María Teresa Cabrera, al leer ante miles de manifestantes los reclamos del movimiento denominado Marcha Verde.
El movimiento Marcha Verde surgió en enero, convocado por grupos de la sociedad civil, luego de que el departamento de Justicia estadounidense reveló que la empresa brasileña había pagado sobornos millonarios a funcionarios de varios países a cambio de contratos.
Desde su primera marcha masiva, celebrada en enero, la Marcha Verde exige una investigación independiente sobre los sobornos de Odebrecht y procesos judiciales en contra de los involucrados.
“Estamos aquí para que los políticos y millonarios sepan que la corrupción debe tener consecuencias”, dijo a The Associated Press Roqui Tavárez, un vendedor ambulante de 60 años que realizó el recorrido de varios kilómetros, portando una pancarta en la que exigía cárcel para Medina.
Tavárez, residente en el populoso barrio de Villas Agrícolas, explicó que sus ventas callejeras de utensilios de plástico han caído debido a que “todo el dinero lo coge un grupito en el gobierno, por eso no hay dinero en la calle.
La masiva presencia de manifestantes es una muestra de que la sociedad “está diciéndole no a la impunidad y no a la corrupción”, dijo el activista Juan Comprés, quien llegó desde temprano junto a cientos de personas de la norteña ciudad de Moca, para unirse a la marcha.
Los manifestantes se congregaron por la mañana en un céntrico crucero de la capital, desde donde comenzaron a caminar hacia la sede del poder legislativo. Vestidos con camisetas y gorras verdes en señal de esperanza, los manifestantes portaban pancartas en las que se leía “cárcel a los corruptos” o “fuera jueces políticos”.
La compañía brasileña confesó, según una investigación difundida por el departamento de Justicia estadounidense, que entre 2001 y 2014 pagó sobornos por 788 millones de dólares en 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos con los gobiernos locales.
En el caso de República Dominicana, Odebrecht consiguió 17 contratos con el gobierno y para ello pagó 92 millones de dólares en coimas. La compañía aún trabaja en la construcción de la obra insignia de la presente administración: la planta termoeléctrica de Punta Catalina, que tendrá un costo de más de 2.000 millones de dólares.
“Punta Catalina es cuerpo del delito”, se leía en la pancarta que portaba Reina Veloz, una ama de casa de 65 años, que exigía a gritos “que se vaya Danilo por todo este robo”.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, llegó a un acuerdo con Odebrecht, mediante el cual renunció a procesar a los ejecutivos de la compañía y les permite seguir sus operaciones en el país a cambio de pagar una multa de 184 millones de dólares e información para procesar a los funcionarios locales que recibieron sobornos.
Con la información otorgada por Odebrecht, la Procuraduría sometió a la justicia al ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, tres legisladores, un empresario y otros nueves exfuncionarios. Solo dos de ellos permanecen en prisión preventiva.
La Marcha Verde exigió que además de Medina, otros funcionarios y legisladores, incluidos los presidentes de ambas cámaras del Congreso, sean investigados por su participación en los contratos con Odebrecht.
Los dirigentes de la Marcha Verde consideraron en su proclama como “inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria” a los expresidentes Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012) e Hipólito Mejía (2000-2004). La administración de Fernández firmó la mayoría de los 17 los contratos de Odebrecht, mientras en el gobierno de Mejía también se firmaron dos.
Al final de las audiencias sobre medidas de coerción contra los supuestos implicados, la presidenta de la cámara penal de la Suprema Corte, Miriam Germán, advirtió el pasado 8 de julio que el expediente presentado por la Procuraduría carece de pruebas suficientes.
