Incertidumbre empaña planes financieros para Venezuela

AP
Washington Hispanic

enezuela, que sufre una crisis de liquidez, comenzará el lunes conversaciones con inversionistas extranjeros para renegociar la agobiante deuda exterior en la que incurrió el país petrolero en época de bonanza.

Sin embargo, los acreedores, ansiosos por recuperar su dinero, están preocupados porque la confusión empañe la reunión.

Es casi imposible para los estadounidenses ingresar en Venezuela con tan poca anticipación, Caracas no les ha presentado proyecto alguno como punto de partida y el gobierno de Washington impuso sanciones a las autoridades venezolanas que encabezarán las conversaciones, lo que hace ilegal que esos inversionistas negocien con ellas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a los acreedores a Caracas hace poco más de una semana, cuando anunció su propósito de renegociar la deuda externa. El dirigente señaló que la deuda se volvió imposible de pagar por el “bloqueo” financiero al país socialista, encabezado por Estados Unidos.

En la víspera de la reunión, Maduro intentó enviar un mensaje tranquilizador al afirmar que Caracas evitará el impago a pesar de sus crecientes problemas financieros y señaló que, desde que asumió la presidencia en 2013, el país ha devuelto más de 70.000 millones de dólares, incluyendo más de 2.000 millones el último mes.

“Nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda”, declaró el domingo Maduro en un discurso televisado en el que también anunció un acuerdo para refinanciar la deuda con su aliado Rusia. “Que estén claros todos los acreedores”.

Debido al importante gasto en programas sociales durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, cuando el precio del petróleo era alto, la deuda del país se elevó a más de 120.000 millones de dólares, de la cual aproximadamente la mitad corresponde a bonos denominados en dólares.

La caída del precio del crudo causó estragos en un país que se asienta sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo, provocando una severa escasez de productos y una inflación de tres dígitos.

Las tensas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos complican la situación.

El gobierno de Donald Trump ha sancionado a una creciente lista de funcionarios venezolanos, entre ellos los dos principales negociadores de la deuda: el ministro de Economía, Simón Zerpa, y el vicepresidente, Tareck El Aissami, quien afronta acusaciones por tráfico de droga.

Washington también ha prohibido a firmas estadounidenses que hagan nuevos préstamos a Venezuela por los abusos a los derechos humanos cometidos durante los meses de protestas antigubernamentales y las acciones de Maduro para aplastar a la oposición.

Sin embargo, en un indicio de que el gobierno de Trump podría estar dispuesto a suavizar su posición, el Departamento del Tesoro dijo la semana pasada que podría considerar autorizar a los estadounidenses a negociar un acuerdo de deuda si el plan de reestructuración tiene el apoyo del Congreso venezolano, controlado por la oposición pero cuya autoridad el gobierno ignora categóricamente.

En su discurso al país, Maduro dijo que 414 inversionistas habían confirmado su asistencia, pero Russ Dallen, socio gerente de la firma Caracas Capital Markets, auguró que se presentarán muchos menos.

Según Dallen, uno de los inversionistas estadounidenses a los que representa le dijo el viernes que le era imposible conseguir visado con tan poco tiempo, y otro le indicó que tenían pensado enviar a un becario ante la falta de información.

“Uno pensaría que pondrían algo sobre la mesa para permitirle estudiarlo si hay algún tipo de propuesta”, afirmó Dallen. “No hay nada. Solo trampas”.

Dallen dijo que se espera que el lunes sea también un día crucial por el vencimiento de tres bonos y la reunión de la Asociación Internacional de Canjes y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), un grupo que representa al sector de derivados financieros, para examinar la situación de la deuda venezolana.

Los acreedores quieren saber si un pago tardío de deuda por 1.100 millones de dólares por bonos de la petrolera estatal PDVSA este mes constituye un “suceso crediticio” que podría suscitar el reembolso de los llamados canjes de créditos impagados y propiciar que los tenedores de bonos acudan a los tribunales.

La compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec, declaró la semana pasada el impago de bonos por 650 millones de dólares, después de que expiró un periodo de gracia de 30 días para cubrir los intereses.