Detener a los responsables de los crímenes más graves, ardua tarea de la CPI
La detención el martes del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en aplicación de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad marca un éxito para este tribunal, que ha luchado durante casi 23 años contra la falta de reconocimiento y de poder coercitivo.
Apoyada por 125 Estados miembros que ratificaron el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, la organización con sede en La Haya, Países Bajos, tiene como misión procesar a los responsables de los crímenes más graves cometidos en el mundo, cuando los países no tienen la voluntad o la capacidad de hacerlo por sí mismos.
Aunque las condenas son raras en la CPI el simple hecho de procesar a los presuntos autores de atrocidades envía el mensaje de que la comunidad internacional está decidida a luchar contra la impunidad, según expertos.
Desde su creación en 2002 la CPI inició 32 procedimientos por alegaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y atentados contra la administración de la justicia.
Aproximadamente 40% de estos procedimientos aún están en curso, principalmente porque los sospechosos siguen en libertad. Pero sin fuerzas de policía propias el tribunal de La Haya tiene pocas posibilidades de detenerlos rápidamente.
De las 60 órdenes de arresto emitidas desde 2002 solo 21 se habían ejecutado antes de la detención de Rodrigo Duterte.
La CPI depende de los Estados para capturar a los sospechosos. Sin embargo los países rara vez están motivados para cooperar, ya que el tribunal «no tiene nada que ofrecer a cambio, salvo ver que se haga justicia», lamenta Pascal Turlan, exasesor de la CPI.
La lista de personas objeto de una orden de arresto de la CPI incluye al presidente ruso Vladimir Putin, buscado por presuntos crímenes de guerra relacionados con la invasión de Ucrania, al líder rebelde ugandés Joseph Kony y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, buscado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La orden de arresto emitida paralelamente contra el líder de la rama armada de Hamás, Mohamed Deif, fue anulada a finales de febrero después de confirmarse su muerte.
– Alentar a las naciones a tratar sus propios asuntos –
Rusia e Israel forman parte de los numerosos países, como Estados Unidos y China, que no reconocen la competencia de la CPI, lo que obstaculiza las investigaciones del tribunal sobre sus ciudadanos.
Bajo el mandato de Rodrigo Duterte, Filipinas dejó la CPI en 2019.
Algunos Estados miembros también desafían la autoridad de la CPI, por ejemplo al negarse a entregar a los sospechosos. A principios de septiembre Putin fue recibido con gran pompa en Mongolia, miembro de la CPI.
«Cuando a los Estados no les gusta lo que hace la CPI, no cooperan», señala Nancy Combs, profesora de derecho en la William & Mary Law School, en el estado de Virginia, en EEUU..
Desde su regreso a la Casa Blanca el presidente estadounidense Donald Trump decidió imponer sanciones a la institución y a su fiscal Karim Khan.
Aunque las investigaciones de la CPI no suelen tener resultados pueden tener un efecto disuasivo y una importante dimensión ética, considera Combs.
«Se trata de hacer lo que es correcto, incluso si sabemos que a corto plazo probablemente no cambiará mucho», afirma.
El papel de la Corte no es procesar a todos los presuntos criminales de guerra, sino «alentar a las naciones a tratar sus propios asuntos», insiste el portavoz de la CPI, Fadi El Abdalá.
Cada caso conlleva un conjunto único de desafíos, desde la injerencia de los gobiernos nacionales hasta la intimidación de los testigos, lo que según la CPI frustró el procedimiento contra el actual presidente de Kenia, William Ruto, cuando aún era vicepresidente en 2016.
Estas dificultades explican en parte la baja tasa de condenas de la Corte, que absolvió a cuatro acusados y declaró culpables a 11, el último de los cuales fue un yihadista, el exjefe de la policía islámica de Tombuctú, en Malí, condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Las demás condenas afectaron principalmente a funcionarios de la República Democrática del Congo (RDC), desgarrada por la guerra.
