Se comienzan a recibir algunos pedidos de asilo en la frontera

En un atestado campamento para familias de migrantes del lado mexicano del cruce más transitado de la frontera con Estados Unidos, Nelson Membreño llevaba tiempo viviendo en medio de un brote de varicela, de drogadictos y de individuos que salían de noche, puñal en la mano.

Pero no era más vulnerable que los miles de personas que esperaban con él en un campamento de Tijuana por la oportunidad de pedir protección humanitaria a Estados Unidos. Su persistencia tuvo premio cuando, para su sorpresa, él y su familia fueron llamados para iniciar el trámite del asilo.

“Dios nos abrió la puerta”, dijo este hondureño de 30 años antes de que un funcionario de inmigración llamase su nombre. Arrastrando una enorme valija con ruedas, cruzó las barreras de cemento con alambre de púas e ingresó a Estados Unidos con su esposa, su hijo y su hijastro.

Membreño se benefició de un sistema temporal creado por el gobierno de Joe Biden por el cual una cantidad reducida de personas seleccionadas por activistas defensores de los migrantes pueden solicitar asilo.

Biden mantiene en vigor una medida tomada por el gobierno de Donald Trump en medio de la pandemia del coronavirus, por la cual los migrantes que logran ingresar al país ilegalmente son expulsados inmediatamente, sin tener la oportunidad de pedir asilo. Biden hace excepciones con los menores que viajan solos y, calladamente, está admitiendo algunas familias y adultos. Un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense dijo el martes en un tribunal federal que esta semana se fijará una nueva política hacia los menores, de la que no dio detalles.

No hay una lista publicada de las organizaciones que deciden quiénes son lo suficientemente vulnerables como para pedir asilo ni una explicación de cómo seleccionan a las personas. La decisión final acerca de la solicitud de asilo la toman las autoridades estadounidenses, que no revelan sus criterios ni dicen cuánta gente está siendo admitida en el país.

Una organización defensora de los migrantes enviaba psicólogos al campamento con unos 2.000 migrantes, carpa por carpa, para determinar quiénes eran los más vulnerables. Los elegidos recibían un número y tarjetas laminadas que los incorporaban a la lista de personas seleccionadas para pedir asilo. La agrupación dejó de emitir esas tarjetas al enterarse de que estaban siendo vendidas por entre 500 y 1.000 dólares.

Muchos activistas se sienten incómodos con la tarea que se les encomendó. Soraya Vázquez, subdirectora de la oficina de Tijuana de la organización Al Otro Lado, dijo que ese procedimiento “es el mal menor”. Su agrupación facilitó el ingreso a Estados Unidos de unas 2.000 personas desde principios de julio.

Es un proceso “muy injusto, ciertamente”, dijo Vázquez, cuya organización había recibido 13.000 cuestionarios a través de la internet hacia principios de julio, en los que los migrantes contaban sus historias, sus problemas médicos y las amenazas que soportaban en México.

Los activistas dicen que las autoridades estadounidenses les dieron algunas orientaciones para determinar qué casos son más urgentes. No se conocen esas indicaciones. Se sabe que se da prioridad a las personas con problemas de salud graves, que enfrentan peligros inminentes, son LGBTQ o madres solteras con hijos menores. Muchas personas seleccionadas, no obstante, no entran en ninguna de esas categorías.

Hace poco, en Tijuana, el abogado voluntario Ian Seruelo, de San Diego, entrevistó a una veintena de personas que pedían asilo y que estaban en el campamento, que fueron llamadas por el Border Line Crisis Center (Centro para la Crisis de las Colas en la Frontera), parte de una cadena de organizaciones de activistas. La red buscaba personas vulnerables en el campamento, pero ahora lo hace en los albergues para migrantes, en la esperanza de contrarrestar la creencia de que la mejor forma de ser seleccionado es en el campamento, cada vez más peligroso e insalubre.

Los migrantes acosaban a los activistas que visitaban el campamento y les preguntaban, “¿por qué los ayudas a ellos y no a nosotros?”, relató Seruelo. Abundaban las acusaciones de racismo entre los migrantes hispanos y los de raza negra. El abogado dijo que se siente “arrinconado” al tener que decidir quién ingresa a Estados Unidos.

Seruelo pasa diez minutos con cada persona en un cubículo, enfocándose básicamente en las condiciones de vida en Tijuana. Las razones por las que escaparon de sus países quedan a criterio de jueces de inmigración estadounidenses.

Silvia Portillo, de 34 años, se sentó con su bebé en la falda y le dijo que había tenido un embarazo difícil y que un individuo con un puñal en la mano le tiró una piedra a su carpa en el campamento, la amenazó con prenderle fuego y le pidió dinero.

“No me siento segura. Estoy aquí por necesidad”, manifestó Portillo, quien llegó de Honduras en una caravana en el 2018, se casó con un mexicano y vive en el campamento desde febrero porque no puede pagar un alquiler.

Manuel Antonio Segovia, de El Salvador, dice que trabaja como voluntario, como guardia, en el campamento, donde individuos que extorsionan a los migrantes le han pegado en el estómago y el pecho. Roberto Mejía, de Guatemala, afirma que un hombre le mostró un arma y otros le dijeron que se fuese del campamento.

A los migrantes seleccionados se les hacen pruebas de COVID-19 y generalmente son autorizados a entrar a Estados Unidos, donde un juez se pronunciará en torno a sus pedidos de asilo.

Desde marzo, la American Civil Liberties Union ha hecho de intermediaria y transmitido pedidos de asilo de distintas agrupaciones de Tijuana y otros sitios para hasta 35 familias diarias. La ACLU dijo en mayo que unas 2.000 personas habían sido admitidas a partir de los esfuerzos por resolver una demanda suya contra el gobierno. El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que el gobierno de Biden no permite la difusión de cifras más recientes.

Separadamente, agrupaciones de activistas han estado seleccionando hasta 250 personas que buscan asilo diarias en otros sitios, que no incluyen San Diego. La organización HIAS facilitó el ingreso de 2.857 personas hasta el 2 de julio, en tanto que el Comité de Rescates Internacionales dijo que intercedió por otras 540 personas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió a preguntas específicas, pero dijo en un comunicado el mes pasado que las excepciones buscaban “identificar y procesar legalmente individuos particularmente vulnerables que merecen exenciones humanitarias”.

Nelson Hernández, un salvadoreño de 33 años, cree que debe agradecer a su hija de cuatro años o a su anciana suegra porque su familia fue seleccionada en el campamento de Tijuana, aunque no está seguro.

“Dios lo quiso”, manifestó antes de ser llamado para ingresar a Estados Unidos. La familia pensaba reunirse con familiares en McAllen, Texas.

Membreño cree que lo seleccionaron porque estuvo detrás de los activistas por horas cuando visitaron el campamento. A las pocas horas de cruzar la frontera, fue liberado en San Diego y hacía planes para ir con su familia a Carolina del Norte, donde tienen parientes.