Reconocimiento y esperanzas

Patricia Guadalupe
Washington Hispanic

n una emotiva ceremonia en el Capitolio federal esta semana, un batallón militar compuesto casi completamente de puertorriqueños recibió la Medalla Congresional de Oro, el más alto honor civil en Estados Unidos. El Regimiento 65 de Infantería, la última unidad segregada de hispanos en las Fuerzas Armadas durante la guerra de Corea en la década de 1950, se destacó a pesar de haber vivido una dura discriminación racial ya que ni siquiera podrían comunicarse en español sino serían enjuiciados en un tribunal militar. Incluso la ceremonia abrió con una oración del capellán del Congreso, pidiendo disculpas “a nombre del pueblo estadounidense por la discriminación que sufrieron”. Participaron funcionarios de Washington y Puerto Rico, al igual que varios integrantes del batallón, que dijeron sentir que el gobierno estadounidense saldó una deuda con estos soldados al darles este reconocimiento luego de décadas de cabildeo.

“Las misiones más malas eran para nosotros los puertorriqueños”, afirmó José Cristóbal Díaz Rivera. “Pero a través de los años uno aprende a apreciar lo que tiene y para mí este reconocimiento ha sido lo más grande de mi vida. Me siento muy orgulloso y dedico mi medalla a los compañeros que ya no están con nosotros”, añadió. En su mayoría, los integrantes del regimiento tienen entre 85 a 90 años.

“Me voy contento y agradecido a pesar de haber sufrido mucho: frío, hambre y discriminación, pero aquí estoy vivo para recibir este reconocimiento”, comentó Rafael Rivera García.

Ésta es solamente la segunda vez en la historia que la medalla es otorgada a personas latinas; el primero fue al también puertorriqueño Roberto Clemente, pelotero de las Grandes Ligas.

Por otra parte, la semana que viene será muy importante para la comunidad latina, en particular para los inmigrantes, porque la Corte Suprema tiene programado este lunes 18 revisar las acciones ejecutivas migratorias del presidente Obama. Los juristas discutirán la decisión del primer mandatario emitida en el 2014 de frenar las deportaciones de casi cinco millones de indocumentados padres de familia con hijos nacidos en Estados Unidos (el programa DAPA) y de jóvenes indocumentados que llegaron al país a muy temprana edad (el programa DACA), los llamados “Dreamers”.

Los juristas del máximo tribunal del país revisan estos programas luego de que dos cortes frenaron DAPA y DACA a raíz de una demanda presentada por 26 estados (24 de ellos con gobernadores republicanos). Lo que la Corte Suprema está buscando es ver si la decisión del presidente Obama de implementar esos dos programas sin el aval del congreso federal es constitucional. Es la primera vez que la corte discutirá un asunto migratorio con solo ocho miembros, con la vacante dejada por el jurista Antonin Scalia, quien falleciera en febrero de un infarto.

El presidente Obama ha nominado un juez para reemplazarlo pero ese nombramiento está actualmente atascado en el Congreso. Lo más importante a tener en cuenta con ocho juristas en la corte es que si se da un empate 4-4, las decisiones de anteriores cortes quedan vigentes. O sea, un empate impactaría de manera negativa en la comunidad migratoria porque entrarían en vigor las decisiones de las cortes de primera instancia de frenar los programas. Se espera una decisión de la Corte Suprema para el próximo verano.