Por qué Joe Biden permite que el FBI registre su casa
La decisión del presidente Joe Biden de permitir que el FBI registrara su casa en Delaware la semana pasada lo expone a una nueva publicidad negativa y situaciones incómodas luego del descubrimiento de documentos con sellos de confidencialidad en su casa y antigua oficina, pero eso es parte de un cálculo jurídico y político cuyos asistentes creen que dará frutos a largo plazo mientras él se prepara para buscar la reelección.
La excepcional búsqueda de casi 13 horas en la casa del presidente en funciones de Wilmington es el moretón político más reciente para Biden, quien prometió restaurar la decencia del cargo después del tumultuoso mandato de su predecesor, Donald Trump.
Sin embargo, con sus acciones, Biden hace más que sólo cumplir con los detectives federales asignados que investigan el descubrimiento de los documentos. El presidente pretende demostrar que, a diferencia de Trump, él nunca tuvo la intención de retener material con sellos de confidencialidad: una distinción clave que, según los expertos, disminuye los riesgos de responsabilidad penal.
El vocero de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo el lunes que los propios abogados de Biden invitaron al FBI a realizar la búsqueda. “Esta fue una oferta proactiva voluntaria de los abogados personales del presidente al DOJ (Departamento de Justicia) para que tuviera acceso a la casa”, informó, agregando que reflejaba “cuán seriamente” se toma Biden el tema.
Los abogados personales de Biden descubrieron por primera vez los materiales confidenciales el 2 de noviembre, una semana antes de las elecciones intermedias, mientras desalojaban una oficina que Biden había usado en el Penn Biden Center en Washington. Desde ese descubrimiento inicial, el equipo de Biden ha adoptado un acercamiento cooperativo con la investigación, incluso si no ha sido completamente transparente en público.
La Casa Blanca ha citado el “riesgo” de compartir información “que no está completa” y que podría interferir potencialmente con la investigación para justificar el no revelar más información públicamente.
El propio Biden ha dicho que estaba sorprendido de que los documentos estuvieran en su propio poder. El jueves pasado, frustrado por toda la atención, dijo a los periodistas: “No hay nada significativo ahí”.
Todo encaja en un tema: Biden y sus colaboradores sostienen que el mal manejo de los documentos no fue intencional. En lo que respecta a la posible exposición jurídica de Biden, la cuestión de la intención es crítica: la ley federal no permite que nadie almacene documentos confidenciales en un lugar no autorizado, pero es un delito perseguible sólo cuando se descubre que alguien “a sabiendas” sacó los documentos de un lugar apropiado.
La investigación en el caso de Trump también se centra en documentos ultrasecretos que terminaron en una casa. En ese caso, sin embargo, el Departamento de Justicia emitió un citatorio para la devolución de documentos que Trump se había negado a regresar, y después obtuvo una orden judicial y confiscó más de 100 documentos durante una dramática búsqueda en agosto en su finca en Mar-a-Lago, Florida. Los agentes federales investigan posibles infracciones de tres leyes federales, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje.
