Gobierno pide a corte dar fin a restricciones al asilo
Texas desplegó a elementos de la Guardia Nacional a la frontera, y los negocios de San Diego esperan una oleada de compradores navideños desde México, mientras decenas de miles de solicitantes de asilo en la frontera aguardan un fallo de la Corte Suprema que les permita ingresar en Estados Unidos.
El gobierno del presidente Joe Biden pidió el martes a la Corte Suprema que no retire los límites al asilo antes de Navidad, un día después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitiera una orden temporal para mantener en vigor las restricciones migratorias implementadas durante la pandemia. Antes de la orden de Roberts, las restricciones que permiten expulsar a muchos, pero no a todos, los solicitantes de asilo estaban programadas para expirar el miércoles.
Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho consagrado en las leyes nacionales e internacionales a solicitar asilo en 2,5 millones de ocasiones desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación de COVID-19, bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42.
El gobierno federal también pidió al tribunal que rechace los intentos de último minuto de parte de un grupo de estados de tendencia conservadora por mantener la medida. Admitió que poner fin a las restricciones probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales”, pero puntualizó que la solución no es extender la orden de forma indefinida.
Debido a que una decisión al respecto podría darse hasta el último momento, la presión se ha estado acumulando en las comunidades de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.
En El Paso, Texas, el alcalde demócrata Oscar Leeser advirtió que los albergues de Ciudad Juárez, México, se encuentran a su máxima capacidad, con unos 20.000 migrantes dispuestos a cruzar a Estados Unidos.
La ciudad texana tomó medidas para ampliar su capacidad para recibir a más migrantes, adaptando edificios grandes como albergues, mientras que la Cruz Roja puso a disposición 10.000 catres. Las autoridades locales también esperan aliviar la presión sobre los albergues de la zona mediante el traslado de migrantes a otras ciudades grandes de Texas y de estados aledaños, acercándolos a familiares o patrocinadores en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.
“Seguiremos preparados para lo que venga”, señaló Leeser.
El estado desplegó esta semana a elementos de la Guardia Nacional de Texas en El Paso, donde utilizaron alambre de púas para cubrir una apertura en la valla fronteriza en los márgenes del río Grande (o Bravo), la cual se convirtió en un cruce popular en los últimos días para los migrantes que vadearon las aguas poco profundas para acercarse a los funcionarios de inmigración. Los agentes usaron un altavoz para anunciar en español que es ilegal cruzar por ese punto. Unos cientos de personas se reunieron a lo largo del alambre de púas que los separaba de los agentes de la Guardia Nacional.
Texas anunció el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza luego de que las autoridades locales declararon un estado de emergencia. Leeser dijo que la declaratoria era con el objetivo principal de proteger a los migrantes vulnerables, aunque un comunicado de la Guardia Nacional de Texas señaló que el despliegue incluyó fuerzas utilizadas para “repeler y enviar de regreso a los inmigrantes ilegales”.
En San Diego, una sensación de normalidad regresó al cruce fronterizo de mayor actividad del país a pesar de la incertidumbre. La Cámara de Comercio de San Ysidro indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) les informó que la mitad occidental del enorme cruce peatonal, la parte más moderna, reabriría para quienes viajan a Estados Unidos a partir del miércoles a las 6 de la mañana. Los carriles, que llevan a un lujoso centro comercial, han estado cerrados a casi todos los migrantes desde principios de 2020 para facilitar el procesamiento del Título 42.
La reapertura se produce “justo a tiempo para los compradores de último minuto, quienes visitan a sus familiares y para aquellos que trabajan durante las festividades”, escribió la cámara a sus integrantes. Indicó que desconocía cuándo se reabriría la zona para quienes viajan a México desde Estados Unidos.
Activistas por los derechos de los migrantes han dicho que las restricciones del Título 42, impuestas en disposiciones de una ley de salud de 1944, van en contra de las obligaciones nacionales e internacionales con las personas que huyen hacia Estados Unidos para escapar de la persecución, y que el pretexto es obsoleto debido a las mejoras en los tratamientos para combatir al coronavirus. Los activistas interpusieron una demanda para poner fin al uso del Título 42. Un juez federal avaló su argumento en noviembre pasado y fijó el 21 de diciembre como fecha para terminar con el uso de la norma.
Los estados de tendencia conservadora argumentaron que el aumento en el número de inmigrantes repercutiría en servicios como la seguridad pública y la atención médica, y advirtieron de una “calamidad sin precedentes” en la frontera sur. Dijeron que el gobierno federal no cuenta con un plan para lidiar con el aumento de migrantes.
El gobierno federal se opuso a la apelación e informó el martes al tribunal que ha destinado más recursos a la frontera sur en preparación para el fin del Título 42. Esto incluye más coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, un reforzamiento de la vigilancia y más seguridad en los puertos de entrada, de acuerdo con el gobierno de Biden.
Actualmente hay unos 23.000 agentes desplegados en la frontera sur, según la Casa Blanca.
«La solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que todos reconocen ahora que ha superado su justificación de salud pública”, escribió el gobierno en su solicitud al máximo tribunal.
Sin embargo, el gobierno federal también pidió a la Corte Suprema que le diera algo de tiempo para prepararse en caso de que permita que se levanten las restricciones al asilo. Si la Corte Suprema toma una decisión antes del viernes, el gobierno quiere que las restricciones continúen en vigor hasta el final del día 27 de diciembre. En caso de que la corte tome una determinación el viernes o después de esa fecha, el gobierno quiere que las restricciones sigan vigentes hasta el segundo día hábil posterior a la orden.
En un albergue afiliado a una organización religiosa en El Paso, a unas cuadras de la frontera, el reverendo Michael Gallagher dijo que los líderes religiosos locales han intentado recaudar recursos y adaptar espacios disponibles. El martes, un gimnasio de la iglesia del Sagrado Corazón albergó a 200 migrantes, en su mayoría mujeres y niños.
Las restricciones de Título 42 aplican a todas las nacionalidades, pero se han ejercido en mayor medida a los migrantes de países a los que México acepta recibir tras ser expulsados por Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, y más recientemente Venezuela, además de México.
