El DACA sigue en pie de lucha
Abogados que buscan salvar un programa de la presidencia de Barack Obama que protege de la deportación a miles de personas traídas al país cuando eran niños dijeron el miércoles ante una corte federal de apelaciones que ponerle fin a esa disposición trastocaría cruelmente las vidas de miles de personas que se han convertido en contribuyentes fiscales y ayudan a impulsar la economía del país.
Un abogado para Texas, estado que encabeza un intento por poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), alegó por el contrario que los beneficiarios le han costado a la entidad cientos de millones de dólares en atención médica y otros costos.
Esas opiniones contrapuestas fueron planteadas ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans mientras afuera más de un centenar de partidarios del DACA portaban carteles, hacían sonar tambores y coreaban lemas, exigiendo la preservación del programa que ha amparado de la deportación a más de 600.000 personas y brinda a los inmigrantes una vía para la naturalización.
“Soy indocumentada y hoy hablaré claro”, afirmó Woojung “Diana” Park, de 22 años, de Nueva York. Dijo que la trajeron a Estados Unidos desde Corea del Sur cuando tenía 1 año. El DACA, dijo, “es lo estrictamente mínimo que el gobierno estadounidense ha ofrecido a las comunidades de inmigrantes tras décadas de lucha por los derechos humanos elementales».
Un juez federal en Texas declaró ilegal el DACA el año pasado, pero aceptó que siguiera vigente en su forma actual para los ya beneficiados mientras prosiguen las apelaciones a su fallo.
El Departamento de Justicia defiende el programa junto con el estado de Nueva Jersey, organizaciones activistas como el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), y una coalición de docenas de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras-, según las cuales los beneficiarios del DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
En persona y en escritos ante la corte, los defensores del DACA han argumentado que Texas restó fuerza a su reclamo de perjuicio financiero al esperar seis años para impugnar el programa.
También dijeron que el estado ignora la evidencia de que los beneficiarios del DACA reducen los costos que Texas tiene que pagar porque muchos tienen empleos con prestaciones médicas, son propietarios de casas y pagan impuestos a la propiedad que se destinan a la financiación de escuelas.
En alegatos ante la corte y en conferencias de prensa en Nueva Orleáns y Carolina del Sur el miércoles, partidarios del DACA dijeron que poner fin al programa tendría consecuencias devastadoras para los inmigrantes cuya vida se ha desarrollado en Estados Unidos casi totalmente.
En un escrito ante la corte, simpatizantes del programa dijeron que sus beneficiarios “son padres de más de un cuarto de millón de ciudadanos estadounidenses, y el 70 por ciento de los beneficiarios tienen un familiar inmediato que es ciudadano estadounidense”:
El DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor, Donald Trump, trató de eliminarlo, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho de la manera adecuada, por lo que el máximo tribunal lo reanudó y permitió que más personas lo solicitaran. A ese fallo siguió la demanda encabezada por Texas.
Los magistrados asignados en el 5to Circuito para escuchar los argumentos son la jueza presidenta Priscilla Richmann, nombrada por el presidente George W. Bush, así como Ho y el juez Kurt Engelhardt, ambos nombrados por Trump.
