Deben volver a México
Víctor Caycho
Washinton Hispanic
Después de meses de negociaciones, los gobiernos de Estados Unidos y México confirmaron el jueves, de manera sorpresiva, un acuerdo según el cual se permitirá que los miles de migrantes centroamericanos que crucen la frontera sur del país sean deportados de inmediato al país vecino mientras completan sus procesos de asilo.
Ellos tendrán que esperar en suelo mexicano la decisión de los tribunales estadounidenses.
La medida, denominada “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA) establece en su “Sección 235B 2c” la deportación inmediata de los migrantes indocumentados, según refirió la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen el mismo jueves.
Nielsen presentó un testimonio escrito ante los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que preside el congresista republicano Robert Goodlatte, de Virginia.
“Ellos tendrán que esperar una aprobación para entrar a EEUU, y si un juez estadounidense les otorga el asilo, serán bienvenidos. Si no, serán deportados a sus países de origen”, dijo Nielsen, quien explicó que esta medida forma parte del programa “¡Quédate en México!” en el acuerdo y que eso permitirá controlar la crisis de inmigración ilegal que se registra en la frontera sur.
Asimismo, dijo que los migrantes “ya no podrán desaparecer y saltarse las citas en los tribunales de inmigración”, como lo permitía la política “atrapar y soltar” a los indocumentados, a la que se ha puesto fin. En otro momento, calificó de “históricas” este acuerdo para combatir la inmigración ilegal.
Al cierre de esta edición, varios abogados inmigratorios cuestionaron la legalidad de las medidas.
Después de su deportación, los inmigrantes llegarán a México donde según algunas fuentes del gobierno mexicano se les otorgará visas humanitarias de permanencia temporal así como permisos de trabajo y otras protecciones. Además, tendrán acceso a abogados de inmigración en Estados Unidos para sus audiencias de asilo.
Lo que no quedó claro es cuánto durarán los trámites, más aún si el gobierno de Donald Trump advirtió que deberán “hacer fila” después que lo hagan los solicitantes legales.
“Ellos tendrán que esperar aprobación para entrar a Estados Unidos, y si un juez estadounidense les aprueba el asilo, entonces serán bienvenidos. Si no, serán deportados a sus países de origen”, repitió Nielsen en su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
Mientras tanto, el gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los migrantes centroamericanos contarán con un permiso para permanecer en ese país por razones humanitarias y de manera temporal. Eso se dará luego de haber recibido el citatorio de la corte migratoria de Estados Unidos, tras lo cual podrán solicitar visas de trabajo.
La nueva política migratoria entrará en vigencia de inmediato. “Estamos comenzando el proceso para impl
ementar esa política en los próximos días en la frontera del suroeste”, expresó un funcionario del DHS durante una conferencia telefónica el mismo jueves 20.
El mismo día, el Fiscal General interino, Matthew G. Whitaker, en una declaración elogió “el histórico paso” de la administración Trump y dijo que “ayudará a restablecer la ley en la frontera”.
“A causa de baches en nuestras leyes, decenas de miles de inmigrantes ilegales han sido capaces de entrar a nuestro país, hacer pedidos de asilo sin fundamento y entonces son liberados y desaparecen dentro de los Estados Unidos”, dijo.
“Gracias a esta decisión y otras los días en que nuestra generosidad es abusada están llegando a su fin”, sentenció.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer por su parte que los extranjeros podrán salir del país y volver a entrar mientras esperan que Estados Unidos tome una decisión en sus casos de asilo.
Surge oposición
De inmediato surgieron voces discrepantes de este acuerdo. Expertos en leyes y defensores de los migrantes dijeron que los migrantes ni estarán seguros en las ciudades fronterizas mexicanas.
También objetaron que Estados Unidos abandone su rol humanitario. Los siguientes testimonios fueron reCogidos por la agencia AP.
* Jennifer Harbury, abogada del sur de Texas y defensora de derechos humanos: “Darles comida o autorización para trabajar no los protege de los cárteles o de la zona de guerra a la que serán enviados”. Sostuvo que “forzar a miles de migrantes a permanecer en México, posiblemente durante años, pondrá la vida de muchos en riesgo”.
* Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional: “Este acuerdo es una clara violación a la ley internacional, contraviene varias leyes de Estados Unidos aprobadas por el Congreso y es una respuesta insensible a las familias e individuos que huyen por sus vidas”.
