Montgomery busca crear fondo para asistencia legal de inmigrantes

Jossmar Castillo
Washington Hispanic

El Condado de Montgomery considera la creación de un fondo especial para la asistencia legal de personas que enfrentan detenciones por casos de deportación que tienen pendientes, en un esfuerzo por demostrar el apoyo de los legisladores para con quienes forman parte de esta jurisdicción de Maryland.

El miércoles se introdujo una propuesta en la que el Concejo tomaría casi 374 mil dólares del presupuesto fiscal del 2018 para destinarlo al fondo de representación legal para residentes de bajos recursos y que no han sido acusados previamente de ningún delito grave.

«Este es el intento de nuestro condado de garantizar que todos los residentes tengan la oportunidad de proteger sus derechos y asegurarnos que sean conscientes y puedan hacer valer todas las opciones que tienen bajo la ley», dijo el presidente del Concejo, Hans Riemer.

El legislador agregó que él y sus colegas se vieron motivados a crear este fondo ante el ambiente de inseguridad que están viviendo los inmigrantes a causa de las políticas que impulsa el gobierno federal desde que Donald Trump asumió la presidencia.

Han habido varios casos en el país, en el que personas que no han hecho más que permanecer en el país sin documentos, pero que contribuyen a la economía de sus comunidades al pagar impuestos y demás, son obligadas a dejar a sus familias atrás.

Otras jurisdicciones vecinas, como la ciudad de Baltimore, el condado de Prince George’s y el mismo Distrito de Columbia, han tomado iniciativas similares en el pasado.

La iniciativa será evaluada durante una audiencia pública que se llevará a cabo el 1 de mayo próximo y, de ser aprobada, el fondo sería destinado a la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área de la Capital (CAIR, en inglés), una organización que provee ayuda legal a las personas detenidas en el área metropolitana de Washington.

Este organismo utilizaría el fondo para la contratación de tres abogados y dos asistentes legales que trabajarían a tiempo completo. Claudia Cubas, directora de Litigación en CAIR, indicó que con la ayuda del fondo especial, al menos unas 85 a 90 personas podrían recibir asistencia legal.

Cifras de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración indican que la detención de personas indocumentadas sin antecedentes criminales ha aumentado en un 146 por ciento desde que el gobierno lanzó una embestida contra los programas DACA, que protege a los jóvenes llegados en la infancia, y TPS, que cubre a los nacionales de países afectados por catástrofes y otras situaciones humanitarias.

Los procedimientos de deportación son unos de los pocos tipos de procedimientos legales en los que las personas son detenidas de forma rutinaria y, a menudo, se les exige litigar su caso sin un abogado. Según el Instituto Vera, que analizó los datos del Proyecto de la Unidad Familiar para Inmigrantes de Nueva York, la representación legal aumentó las posibilidades de que un no ciudadano recibiera un resultado judicial de inmigración exitoso en más del 1,000 por ciento. La representación legal en estos procedimientos también ha ayudado a reunir y preservar a las familias y permitió a los individuos retener autorizaciones de trabajo legal.

Nancy Navarro, vicepresidenta del Concejo, manifestó que la creación de este fondo es en realidad una manera de reforzar el compromiso que esta entidad demostró hace más de un año, cuando se creó el Fondo de Resiliencia, que distribuyó subsidios a más de 10 organizaciones que ayudan a los inmigrantes con situaciones legales.