Viudas de negro: nueva estructura criminal en El Salvador
Washington Hispanic
AP
s el día de su boda y nunca antes se han visto. Ella está ahí, vestida de blanco, para que los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) no la maten; él, porque cree que se casará con una ciudadana de Estados Unidos para emigrar a aquel país de manera legal.
Días después del matrimonio, la novia volverá a una casa en la que otras salvadoreñas como ella sufren de explotación sexual y bajo amenazas de muerte son obligadas por pandilleros a formar parte de una inusual estructura criminal. El novio, en cambio, morirá.
Según las autoridades salvadoreñas, una nueva estructura criminal de las pandillas podría estar operando en el país. La bautizaron como las «viudas de negro» y dicen que podría ser una demostración de la diversificación de sus actividades delictivas.
«Era una operación bien sofisticada, bien planificada», dijo Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República, a la AP.
Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la noticia cobra aún más relevancia porque, según Olivares, ésta es la primera vez que el gobierno detecta que las pandillas operan en la modalidad de trata de personas con matrimonios forzados.
En el país operan tres grandes pandillas —Barrio 18 Revolucionarios, Barrio 18 Sureños y la Mara Salvatrucha (MS-13)_, pero las autoridades han precisado que sólo esta última es responsable de las «viudas de negro».
Los detalles de la operación llegaron a oídos de la justicia gracias las declaraciones de una de las víctimas, que logró escapar y la Fiscalía tiene bajo su cuidado. Según explica el organismo, Mónica —nombre falso que le asignaron para protegerla mientras dure la investigación— detalló que una mujer llamada Esmeralda Aravel Flores Acosta —actualmente prófuga— la contrató para realizar oficios domésticos, pero al llegar a la casa en la que trabajaría comprendió que se trataba de una propiedad de la Mara Salvatrucha.
Descubierto el engaño, a Mónica no le quedó más obedecer. «Vas a tener que estar aquí, te guste o no te guste, y te casarás con un desconocido al que le dirás que tienes la ciudadanía estadounidense».
Luego siguió la boda: la vistieron de blanco, la llevaron hasta la alcaldía de un municipio al occidente del país y ahí se encontró con su futuro marido.
La Mara Salvatrucha ordenó a Mónica que se casara con Melvin Reyes, un hombre al que le prometieron que tras el matrimonio podría emigrar legalmente a Estados Unidos. Los investigadores ignoran cuánto suele pagar una víctima como Melvin por un supuesto enlace con una ciudadana estadounidense, pero sí saben que los hombres son timados para que compren un seguro de vida argumentando que es un requisito de las autoridades migratorias para comprobar un compromiso de vida entre los esposos y una garantía económica para la mujer.
Al respecto, la Asociación de Empresas de Seguros dijo a la AP que como gremial no cuentan con información sobre la investigación, ya que ésta forma parte de un proceso que está en manos de la Fiscalía.
Los matrimonios de las «viudas de negro» finalizan al cabo de un mes o un poco después. A las mujeres se les informa que sus maridos fueron asesinados —que fue una muerte violenta— y se les exige reclamar el cuerpo en la morgue, encargarse de los trámites del sepulcro y pedir a la fiscalía que investigue el crimen. Días después —concluido el papeleo legal— las mandan a cobrar el seguro del que son beneficiarias. En todos los casos, las mujeres son acompañadas por miembros de las pandillas.
La fiscalía no ha revelado detalles personales sobre Melvin ni sus familiares, pero el órgano sí confirmó que fue asesinado y miembros de la Mara obligaron a Mónica a cobrar el dinero del seguro.
Junto con Mónica, la fiscalía protege a otra testigo identificada como «Mateo». Según Violeta Olivares, ambas fueran reclutadas en las mismas circunstancias y fueron víctimas de amenazas, violencia física, verbal y psicológica para contraer matrimonio con dos hombres desconocidos. De acuerdo a Olivares, ambas relataron que sufrieron vejaciones entre 2014 y 2016.
De acuerdo con Olivares, para desmantelar la estructura criminal y clarificar el caso contaron con el apoyo de la División de Investigación Criminal Trasnacional de la Policía Nacional Civil y de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. La Fiscalía señaló que investiga otros dos casos similares, pero hasta el momento no tiene un estimado de las víctimas afectadas ni de cuántas salvadoreñas podrían atravesar por una situación similar.
Según Olivares, el proceso de investigación continúa y a la fecha se han girado ocho órdenes de arresto contra presuntos implicados en el caso, pero sólo han logrado capturar a tres: Karla Jennifer Flores Acosta, Maria Cristina de Cruz e Isabel del Carmene Méndez Dueñas. Los demás siguen prófugos.
Las detenidas fueron imputadas por trata de personas agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidios agravado, estafa agravada y agrupaciones. De ser encontradas culpables, podrían cumplir condenas de al menos 20 años de cárcel.
Tras escapar, Mónica denunció la ubicación de la casa donde estaba secuestrada. Gracias a eso se logró la detención de las tres implicadas y encontraron a una menor de edad y a otra víctima. La propiedad de la pandilla se ubicaba en un suburbio en la periferia sur de San Salvador y durante la operación se incautaron 4.000 dólares en efectivo, pero —según la fiscal— se cree que la suma por la que se estafó a las instituciones bancarias podría ascender a 100.000 dólares.
Las autoridades salvadoreñas han dedicado años a combatir a las pandillas. En julio de 2016, una operación a nivel nacional propinó un duro golpe a la economía de estas agrupaciones y derivó en la captura de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha, entre ellos, Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias «Piwa», al que las autoridades identifican como el responsable de las finanzas del grupo.
También se incautaron bienes, miles de dólares, cerraron negocios y congelaron cuentas bancarias. Las autoridades afirman que con esta operación golpearon el corazón financiero de la MS13.
Estados Unidos calificó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional y en agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que las pandillas y quienes las apoyan o financian son terroristas. Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tiene presencia en barrios y comunidades populares están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos, y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en el país.
Si bien es cierto que las declaraciones de Mónica han arrojado luz sobre este nuevo modo de operación de las pandillas, el destino de otras «viudas de negro» es incierto. Según las autoridades, aún se ignoran detalles sobre las vidas de las mujeres que estos grupos criminales reclutan: no se sabe si se casan una o varias veces, si los pandilleros terminan por matarlas o qué ha sido de otras jóvenes desaparecidas que han caído en sus manos.
Incluso se contempla la posibilidad de que la Mara utilice a sus propias mujeres para mantener el funcionamiento de su negocio.
De acuerdo con una investigación de la organización privada Sistema Háblame de Respeto, a la que AP tuvo acceso, en las zonas salvadoreñas con presencia de pandillas «las mujeres desaparecen y días o meses después son encontradas: unas han sobrevivido a vejámenes y cualquier tipo de violencia; en otros casos, sus cuerpos aparecen abandonados y sin vida».
En el país no existen estadísticas oficiales que clarifiquen el número de mujeres desaparecidas.
