Letal balacera policial en Río provoca denuncias de abusos
AP
Washington Hispanic:
Los ecos de una sangrienta balacera de varias horas en una favela de Río de Janeiro se prolongaron hasta el viernes: las autoridades dijeron que la operación policial eliminó con éxito a dos docenas de delincuentes, y residentes y activistas denunciaron abusos de los derechos humanos.
Poco después del amanecer del jueves, docenas de agentes de la policía civil del estado de Río de Janeiro irrumpieron en Jacarezinho, una favela de clase obrera en la zona norte de la ciudad. Buscaban a narcotraficantes de una de las organizaciones criminales más conocidas del país, Comando Vermelho, y los cuerpos se apilaron rápidamente.
Cuando cesaron los combates, había 25 muertos, incluyendo un agente y 24 personas a las que las autoridades describieron como “criminales”.
El apodo de “Ciudad Maravillosa” de Río puede parecer a menudo una cruel ironía en las favelas dada su extrema pobreza, los crímenes violentos y el sometimiento a narcotraficantes o milicias. Pero incluso aquí, los enfrentamientos del jueves fueron una flagrante anomalía que los analistas calificaron como una de las operaciones policiales más letales en la historia de la ciudad.
La sangrienta operación también dejó al descubierto la eterna división de Brasil sobre si, como reza un dicho popular local, “un buen criminal es un criminal muerto”. El ferviente sentido de ley y orden alimentó en 2018 la exitosa campaña presidencial de Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército residente en la ciudad. Tuvo el apoyo de gran parte de la sociedad con sus llamados a reducir las trabas legales para que los agentes puedan usar la fuerza letal contra delincuentes.
El ejecutivo del gobernador de Río, Cláudio Castro, un aliado de Bolsonaro, dijo en un comunicado enviado por email que lamentaba los decesos, pero que la operación estaba “orientada por un largo y detallado trabajo de investigación e inteligencia que tomó meses”.
El allanamiento trataba de frenar el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas, explicó la policía en un comunicado previo que citó la “estructura de combate con soldados equipados con rifles, granadas, chalecos antibalas” de Comando Vermelho.
Las imágenes de televisión mostraron a un helicóptero policial volando bajo sobre la favela mientras hombres armados con rifles de gran calibre saltaban de tejado en tejado para huir de las autoridades.
Otros no pudieron escapar.
Una residente contó a The Associated Press que un hombre irrumpió en su humilde vivienda alrededor de las 08:00, sangrando por una herida de bala. Se escondió en la habitación de su hija, pero la policía entró corriendo justo detrás de él.
Ella y su familia vieron como los agentes dispararon al hombre desarmado, agregó.
Horas después, su sangre seguía encharcando las baldosas del piso y empapaba una manta decorada con corazones.
Unos 50 residentes de Jacarezinho salieron más tarde a una estrecha calle para seguir a los miembros de la comisión de derechos humanos de la legislatura estatal durante una inspección. Los residentes gritaban “¡Justicia!” mientras aplaudían y algunos levantaron el puño derecho.
Felipe Curi, detective de la policía civil de Río, negó que se hubiesen realizado ejecuciones.
“No se mató a ningún sospechoso. Todos eran traficantes o criminales que trataron de quitarle la vida a nuestros agentes y no hubo otra alternativa”, afirmó en una conferencia de prensa.
Según Curi, algunos sospechosos trataron de refugiarse en casas de vecinos y seis de ellos fueron arrestados. La policía confiscó también 16 pistolas, seis fusiles, una ametralladora, 12 granadas y una escopeta, agregó.
Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y que es concejal de la ciudad muy activo en redes sociales, respaldó a la policía. Expresó sus condolencias a la familia del agente fallecido a través de Twitter y evitó mencionar a las otras 24 víctimas mortales o a sus parientes. Jair Bolsonaro no se refirió al incidente en su directo semanal de los jueves a través de Facebook.
El principal rival político de Bolsonaro, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, apuntó que cualquier operativo que deje dos docenas de muertos no se puede calificar como seguridad pública.
“Esa es la ausencia de un gobierno que ofrece educación y empleo, la causa de una gran cantidad de violencia”, señaló da Silva, quien se espera que desafíe la reelección de Bolsonaro el próximo año.
Las filiales brasileñas de los grupos internacionales de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron a la fiscalía que investigue a fondo la operación.
“Aunque las víctimas sean sospechosas de asociación delictiva, lo que no se ha demostrado, las ejecuciones sumarias de este tipo son totalmente injustificables”, dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía en Brasil.
La fiscalía del estado de Río señaló en un comunicado enviado al diario Folha de S.Paulo que investigará las acusaciones de violencia, agregando que el caso requiere una pesquisa independiente de la policía.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil prohibió el año pasado todas las operaciones policiales en las favelas de Río durante la pandemia salvo en casos “absolutamente excepcionales”.
La orden se produjo después de que la policía baleó y mató a un joven de 14 años en una casa donde no había indicios de actividad delictiva. La muerte provocó manifestaciones del movimiento Black Lives Matter en todo el área metropolitana de la ciudad durante semanas.
El fallo, que sigue vigente, causó un descenso de los operativos policiales a mediados del año pasado, como refleja la caída en el número de tiroteos reportados por Crossfire, una ONG que monitorea la violencia, y las cifras oficiales sobre muertes resultantes de intervenciones policiales. Pero ambos indicadores han recuperado los niveles previos a la pandemia.
La policía de Río mató en promedio a más de cinco personas al día durante el primer trimestre de 2021, el inicio de año más letal desde que el gobierno estatal empezó a divulgar regularmente ese tipo de información hace más de dos décadas, señaló el Observatorio de Seguridad Pública de la Universidad Candido Mendes.
