Fiscales acusan a expresidente por masacre de curas en El Salvador
El Ministerio Público de El Salvador presentó el viernes una acusación contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y otras 12 personas a las que vinculan con la masacre de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, que fue perpetrada por un comando del ejército durante la guerra civil hace más de tres décadas.
“La fiscalía general de la República está empeñada en llevar al banquillo de los acusados a los responsables de ordenar este lamentable y trágico hecho ocurrido durante el conflicto armado”, manifestó el fiscal general, Rodolfo Delgado, en un video publicado en Twitter.
Añadió que esperan que esta acusación sirva para que este tipo de hechos no se repitan.
La decisión de encausar a los supuestos autores intelectuales se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su decisión de reabrir el caso.
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Se informó que vive en Italia. El exmandatario ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.
Recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a la Sala de lo Penal modificar la resolución del 8 de septiembre de 2020, que establecía que no debería de investigarse a los autores intelectuales de la matanza y decretaron el sobreseimiento definitivo.
Después de conocer la resolución, en diciembre, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval por negarse a reabrir el caso, pero no se le dio tramite.
Delgado pidió en noviembre a la Corte Suprema que anulara el fallo de la Sala de lo Penal y que ordenara la reapertura del caso. Delgado sostuvo que la resolución vulnera la seguridad jurídica y el acceso a la verdad y la justicia, al declararse la nulidad en el proceso contra los supuestos autores intelectuales, entre los que se señala al expresidente Cristiani, al general René Emilio Ponce, ya fallecido, al general Juan Rafael Bustillo y al coronel Inocente Montano. Este último ya fue condenado por un tribunal de España.
Nueva batalla
Después de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio.
En marzo de 2019, una Cámara de San Salvador le ordenó a un juzgado la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza, pero los abogados presentaron recursos para evitar el proceso llevando el caso hasta la Corte Suprema. Los jesuitas insisten en el esclarecimiento de la autoría intelectual, y que se investigue la participación de los militares y del mismo expresidente Cristiani.
En un juicio considerado poco transparente, el coronel Guillermo Benavides, dos tenientes y cinco soldados del batallón elite Atlácatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por una amnistía promovida por Cristiani. Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre, responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
Benavides había sido favorecido y sobreseído con la ley de amnistía, la misma que en 2016 fue declarada inconstitucional.
Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó a la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior sin éxito.
