EEUU deporta ex militar guatemalteco buscado por masacre
CIUDAD DE GUATEMALA
AP
n exmilitar acusado de participar en la masacre de más de 160 personas en 1982 durante la guerra civil, fue deportado el miércoles de Estados Unidos a Guatemala después que una corte denegó su pedido de permanecer en territorio estadounidense.
Santos López Alonzo, de 64 años, fue enviado por avión y entregado a las autoridades guatemaltecas tras el aterrizaje, informó la policía de inmigración y aduanas ICE.
López fue parte de una unidad de elite del ejército guatemalteco y es uno de cuatro sospechosos de la masacre en la aldea de Dos Erres que fueron arrestados años después en Estados Unidos. Dos purgan condenas en cárceles estadounidenses por delitos migratorios y otro fue deportado a Guatemala, donde lo condenaron a más de 6.000 años de prisión.
En una entrevista con The Associated Press la semana pasada, López dijo que durante la masacre le tocó vigilar a mujeres y niños, pero que no mató a nadie. Dijo que teme represalias de las autoridades guatemaltecas o de otros presos por ayudar a los investigadores estadounidenses a procesar a uno de sus antiguos camaradas.
«Yo tengo miedo de que voy a ser torturado y me van a matar en mi país, por la razón de lo que yo di un testimonio en un gran jurado», dijo López. «Como yo hablé sobre ellos todo lo que ellos habían hecho y todo».
Más de una docena de exmilitares, López entre ellos, están bajo pedido de arresto en Guatemala por su presunta participación en la matanza.
La masacre tuvo lugar en el momento más intenso de la guerra civil de Guatemala, que duró tres décadas y reclamó al menos 200.000 vidas hasta terminar en 1996. El ejército, respaldado por Estados Unidos, fue responsable de la mayoría de las muertes, de acuerdo con una comisión de la verdad creada para investigar la matanza.
En diciembre de 1982, un grupo de soldados fue enviado a Dos Erres en busca de armas que habían desaparecido. Los soldados acorralaron a hombres, mujeres y niños, violaron a las niñas y mataron a los aldeanos a golpes de mazo para luego arrojar los cuerpos a un pozo.
López dijo que era panadero en el ejército y lo mandaron a montar guardia mientras otros perpetraban la masacre. Los soldados salían con gente y volvían solos, dijo, y solo entonces le comentaron que había matado a los habitantes.
«El que nada debe nada teme. Que si yo hubiera hecho algo, hubiera matado, yo estuviera con un temor, pero me siento limpio», dijo.
Más de 10 años después, el gobierno guatemalteco inició una investigación de la masacre y desenterró 162 esqueletos. Las autoridades emitieron órdenes de arresto para 17 militares, entre ellos López, pero los casos quedaron estancados.
Después de dejar el ejército, López se dedicó a la agricultura en Guatemala y migró a Estados Unidos sin autorización para trabajar en la construcción en Texas. En 2010 lo arrestaron y acusaron de regresar ilegalmente tras ser deportado.
Pero en esta ocasión no lo deportaron, ya que quedó detenido como testigo de cargo en el juicio a un excompañero de armas por mentir acerca de la masacre en la solicitud de naturalización. López trató de evitar la deportación, pero los jueces del tribunal federal de apelaciones en San Francisco denegaron su pedido el mes pasado.
«Estados Unidos no ha de servir de refugio para individuos que cometieron atrocidades en el extranjero», dijo Jennifer Elzea, vocera de ICE. «Por más que vivan pacíficamente, deben responder por las actividades en las que participaron».
López ha admitido haberse llevado a un niño de cinco años de la comunidad, aunque aseguró que lo salvó y lo crió como a un hijo.
Ramiro Osorio Cristales ya no es un niño y hoy se ha convertido en una de las voces principales de las víctimas. Él recibió asilo en Canadá, testificó contra otros soldados y rompió sus lazos con López, de quien dice que lo maltrató por años.
La AP no puedo contactar a Osorio. López ha negado que lo maltratara.
En documentos judiciales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha argumentado que López secuestró al niño y contribuyó a la masacre al impedir la fuga de aldeanos. Si bien las condiciones en la cárcel pueden ser duras, López no demostró que sería gobernado por agentes del estado si regresara, afirmaron los fiscales.
La abogada de López, Sarah Vanessa Pérez, dijo que su cliente está en una situación vulnerable porque cooperó con el gobierno estadounidense como testigo.
López dije que sabe que la matanza de Dos Erres estuvo mal, pero que tenía miedo de hablar en Guatemala. En esa época, dijo, el gobierno controlaba totalmente a la población.
«Las órdenes son órdenes que da el gobierno», dijo. «Por hablar también me hubieran matado».
