Cristiano Ronaldo y su caso de violación
Más de una década después de que Cristiano Ronaldo pagó 375.000 dólares a cambio del silencio de una mujer que lo acusaba de violarla en Las Vegas, han surgido alegatos de ciberdelitos, robo de documentos y conducta indebida de algunos abogados.
Todos esos señalamientos han sido esgrimidos por los abogados del futbolista, en un intento por impedir que la mujer reciba otro pago.
Los abogados de Cristiano han pedido que un juez federal deseche la demanda presentada, luego que se hizo del conocimiento público el encuentro sexual con la mujer. Los defensores quieren también que Leslie Mark Stovall, representante legal de la mujer, sea castigado por solicitar documentos que presuntamente fueron sustraídos en julio de 2018 de una entidad llamada “Football Leaks”, meses antes de interponer la demanda.
“Cualquier sanción menor que desechar el caso será insuficiente”, recalcaron los abogados Peter Christiansen y Kendelee Works, en un documento presentado el 27 de mayo ante una corte federal. “Como mínimo, Stovall debe ser inhabilitado para fungir como abogado en este asunto”.
El martes, un magistrado federal detuvo los planes de Stovall para interrogar bajo juramento a varios testigos, incluido Cristiano, al menos hasta que Jennifer Dorsey, jueza de distrito federal en Las Vegas, determine si desecha el caso, inhabilita a los abogados o los sanciona.
De inmediato, no quedó programada una nueva audiencia.
Cristiano, quien tiene actualmente 36 años, se apresta a disputar la Eurocopa de naciones con la selección de Portugal.
Stovall, abogado principal de la denunciante Kathryn Mayorga, no respondió de inmediato a llamadas telefónicas ni correos electrónicos que solicitaban sus comentarios.
The Associated Press no suele identificar a personas que se dicen víctimas de delitos sexuales. Decidió hacerlo en el caso de Mayorga, quien dio su consentimiento mediante Stovall y otra abogada, Larissa Drohobyczer.
Mayorga firmó un acuerdo de confidencialidad en 2010, y Stovall reconoce que la mujer aceptó 375.000 dólares para no hablar del encuentro ni del arreglo con Cristiano. En aquellas fechas, Mayorga era representada por otros abogados.
La existencia del arreglo fue descrita en septiembre de 2018, dentro de un artículo de la revista alemana Der Spiegel. Señalaba que Mayorga, de 37 años, exmodelo y profesora, era “una mujer anónima” que enfrentaba en un litigio a Cristiano.
En la demanda que Stovall presentó en nombre de Mayorga, dos días antes de que apareciera el artículo de Der Spiegel, se acusa a Cristiano o a sus colaboradores de complot, difamación, incumplimiento de contrato, coerción y fraude, por permitir presuntamente que el arreglo se volviera del conocimiento público en Europa.
Los abogados de Mayorga aseguran que ella jamás deseó que su nombre saliera a la luz pública.
Según la demanda, la mujer reconoce haberse reunido con Cristiano en un club nocturno del hotel y casino Palms, y haber ido con el deportista y otras personas a una suite. La mujer afirma que el futbolista la agredió sexualmente en un baño.
Cristiano, por medio de sus abogados, ha insistido en que tuvo relaciones sexuales con la mujer, pero por consentimiento mutuo.
En 2019, los abogados de Cristiano pidieron que el caso fuera desestimado. Dorsey dijo en septiembre que podría realizar un juicio para determinar si Mayorga “carecía de la capacidad mental” para firmar un acuerdo de confidencialidad con los representantes de Cristiano en 2010, y “si cualquier arreglo… se había suscrito entre las partes”.
No se ha fijado una fecha para el juicio.
Ahora, los abogados de Cristiano acusan a Stovall de conducta indebida en un litigio, desde que presentó la demanda ante una corte estatal en septiembre de 2018. El caso se mudó a un tribunal federal en 2019.
Los defensores del astro del fútbol alegan que Stovall “manchó el proceso de hallazgo de la verdad”, al ocultar información clave a los abogados y jueces.
Según documentación ante la corte, los abogados acusan a Stovall de buscar que un ciberpirata no identificado le entregara registros robados de comunicaciones confidenciales entre Ronaldo y sus representantes legales. Las comunicaciones corresponderían a la época en que se negociaba el arreglo con Mayorga y con sus abogados anteriores en 2010.