Piden a gobierno salvadoreño el cese de acoso a periodistas
AP
Washington Hispanic:
La Asamblea Legislativa de El Salvador pidió el jueves al gobierno del presidente Nayib Bukele que ordene a sus ministros y funcionarios el cese el acoso a periodistas críticos a su gestión.
Una comisión especial del congreso unicameral que investigó el supuesto acoso a periodistas elaboró el informe, que también será enviado al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos por parte de funcionarios gubernamentales contra reporteros y medios por su trabajo o su línea editorial.
Los diputados recomiendan a Bukele, a sus ministros, viceministros y demás funcionarios que “cesen el acoso, discriminación, insultos y maltratos a los periodistas”.
Además se pide que terminen los bloqueos a la información pública, a las conferencias de prensa en Casa Presidencial y que se facilite el acceso a funcionarios a “ciertos medios de comunicación y periodistas que son críticos a su administración”.
El reporte recomienda al ejecutivo que deje de usar recursos públicos “para atacar a periodistas y opositores, así como que incluyan en la pauta publicitaria gubernamental a todos los medios de comunicación sin importar su línea editorial”.
Según el informe, los principales señalados en el supuesto acoso a periodistas y medios son Bukele; el presidente de la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) que administra el aeropuerto internacional y los puertos, Federico Anliker, y el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria.
La investigación, que también señala a dos candidatos a diputado por el partido Nuevas Ideas del presidente, concluyó que los presuntos ataques se realizan a través de las redes sociales, donde “se encargan de acosar, deslegitimar, desacreditar, amenazar a periodistas”.
Jaime Valdez, diputado del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y que formó parte de la comisión especial, dijo que el informe “fue el resultado de consultas a organizaciones que protegen y defienden los derechos humanos y periodistas que han sufrido violaciones de la libertad de expresión y acoso”.
Por su parte, Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) que votó en contra del dictamen, afirmó que “es una falsedad todo lo que se ha planteado (en el reporte). No existe persecución en contra de periodistas y la libertad de expresión en el país”.
El informe fue aprobado con los votos de 58 diputados del bloque opositor formado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), y el Partido Democracia Cristiana (PDC), que con 63 escaños controlan todas las votaciones en la cámara.
Los diputados acordaron enviar el informe a la Relatoría Especial para la Liberad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Secretaría de Libertad de Expresión de la ONU, al Congreso y Senado de Estados Unidos, y al Parlamento Europeo.
