Fiscal General de VA, Jones, lucha contra el Departamento de Justicia sobre la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes
Días después de asumir el cargo, el Fiscal General Jay Jones (D) está revirtiendo la posición de su predecesor en la lucha de la administración Trump contra la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados.
Ayer (miércoles), Jones presentó una moción para retirarse de un acuerdo que el ex fiscal general Jason Miyares (R) hizo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un intento de invalidar la Ley Dream de Virginia de 2020.
El Departamento de Justicia impugnó la ley de Virginia, que permite a los inmigrantes indocumentados recibir matrícula estatal, en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Virginia el 29 de diciembre. Un día después, Miyares se unió al Departamento de Justicia para buscar que el tribunal declarara la ley inválida e impidiera su aplicación.
“Desde el primer día, les prometí a los virginianos que lucharía contra los ataques de la Administración Trump contra nuestra Mancomunidad, nuestras instituciones de educación superior y, lo más importante, nuestros estudiantes”, declaró Jones. “Los virginianos merecen líderes que los prioricen, y eso es precisamente lo que mi oficina seguirá haciendo”.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios a ARLnow sobre la acción de Jones, citando el litigio pendiente.
La Ley Dream de Virginia de 2020 ofrece tasas de matrícula estatales a estudiantes de educación superior que cumplan con los requisitos de asistencia a la escuela secundaria de Virginia, independientemente de su estatus migratorio. El Departamento de Justicia alega que esto discrimina a los ciudadanos estadounidenses de otros estados, quienes no pueden recibir las mismas tasas de matrícula estatales que los inmigrantes indocumentados que viven en Virginia.
“Se trata de una simple cuestión de derecho federal: en Virginia y en todo el país, las escuelas no pueden brindar a los inmigrantes indocumentados los beneficios que no ofrecen a los ciudadanos estadounidenses”, declaró la Fiscal General Pam Bondi en un comunicado de prensa que anunció el litigio. “Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”.
Varios grupos, incluido el Legal Aid Justice Center, la ACLU de Virginia y el Mexican American Legal Defense and Educational Fund, presentaron mociones para intervenir en la demanda después de la sentencia de consentimiento.
“Estos son estudiantes de Virginia que crecieron en la Mancomunidad, se graduaron de nuestras escuelas secundarias, contribuyen a nuestras comunidades y tomaron decisiones cruciales para su futuro, basándose en una ley estatal vigente desde hace años”, dijo Rohmah Javed, directora del Programa de Justicia para Inmigrantes del Centro de Justicia de Asistencia Legal. “Son virginianos en todos los sentidos y merecen que alguien los defienda”.
El Departamento de Justicia ha presentado demandas similares por matrícula universitaria estatal en Texas, Kentucky, Illinois, Oklahoma, Minnesota y California.
