Juez federal deniega solicitud de cierre del ‘Alcatraz de los Caimanes’ de Florida
Un juez federal denegó el jueves una solicitud de una orden judicial preliminar para cerrar un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como «Alligator Alcatraz», argumentando que un detenido que solicitó la orden no había demostrado que estuviera sufriendo daños irreparables en las instalaciones.
El juez federal de distrito Kyle Dudek dijo que el detenido, conocido como MA en los documentos judiciales, no había cumplido con la alta carga requerida para una orden judicial preliminar mientras su impugnación a la instalación se litiga en un tribunal federal en Fort Myers, Florida.
“Si bien es cierto que puede haber deficiencias en Alligator Alcatraz que en última instancia justifiquen su disolución, el demandante no ha presentado la demostración extraordinaria necesaria para justificar un alivio inmediato de tal magnitud”, dijo Dudek, quien fue nominado por el presidente Donald Trump.
La demanda de MA es una de las tres demandas federales que cuestionan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes que fue construido este verano en una pista de aterrizaje remota en los Everglades de Florida por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis.
Su demanda alega que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado carecen de autoridad para operar el centro según la ley federal. Los detenidos que ingresan al centro desaparecen del sistema normal de seguimiento y tienen dificultades para acceder a asistencia legal, según la demanda.
“El estatuto exige el control federal sobre todas las actividades de cumplimiento delegadas. Sin embargo, Florida afirma tener control total sobre las decisiones de detención”, declaró MA en su solicitud de medida cautelar.
El juez dijo que estaba procediendo con cautela al denegar la solicitud ya que «el demandante esencialmente está pidiendo a este tribunal que cierre un centro de detención considerable y costoso, todo antes de cualquier decisión sobre los méritos de su legalidad».
En otro caso, un juez federal de Miami ordenó el verano pasado que el centro cerrara sus operaciones durante dos meses debido a que las autoridades no habían evaluado el impacto ambiental del centro de detención. Sin embargo, un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente la decisión, permitiendo que el centro permaneciera abierto.
En la tercera demanda, los detenidos solicitaban una resolución que les garantizara el acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados. Alegaron que los abogados de los detenidos debían concertar una cita con tres días de antelación, a diferencia de otros centros de detención, donde pueden presentarse durante el horario de visita; que los detenidos a menudo eran trasladados a otros centros después de que sus abogados concertaran una cita; y que las demoras en la programación habían sido tan prolongadas que los detenidos no podían reunirse con sus abogados antes de plazos clave.
Un juez federal en ese caso ordenó a los abogados de los detenidos y a los abogados de los acusados de los gobiernos estatal y federal reunirse el martes para intentar resolver el caso. Sin embargo, notificaron al tribunal el miércoles que no lograron llegar a una resolución a pesar de nueve horas de conversaciones.
