Republicanos logran acortar censo: ¿Afectará a inmigrantes?

Washington Hispanic

 

La decisión de la Corte Suprema que permite al gobierno adelantar el fin de las consultas del censo es un duro golpe para los sectores que querían disponer del mayor tiempo posible para que las minorías y otros grupos difíciles de contactar sean contados debidamente.

Quienes habían acudido a los tribunales para impedir el fin adelantado lograron que la consulta se prolongase otras dos semanas, pero el fallo aumenta las posibilidades del gobierno de conservar el control del proceso que decide cuántas bancas recibe cada estado en la Cámara de Representantes y, por extensión, la incidencia que tiene cada estado en la votación.

La decisión de la Corte Suprema se produjo en momentos en que la asociación de estadísticos más grande del país e incluso miembros del personal que llevó a cabo la consulta expresaban dudas respecto a la calidad de los datos recabados, que son usados para determinar no solo las bancas legislativas sino cuánto dinero recibe cada estado del gobierno nacional.

Apenas conocido el fallo, la Oficina del Censo dijo que pondría fin a las consultas el jueves.

El gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que anulase un fallo de un tribunal inferior que extendía el conteo hasta fines de octubre tras las demoras causadas por la pandemia del coronavirus. El gobierno adujo que necesitaba poner fin al conteo de inmediato para poder completar el censo para fin de año. El Congreso exige que el censo entregue el 31 de diciembre las cifras usadas para asignar bancas en la Cámara de Representantes.

Al mantenerse los plazos cortos, el gobierno podrá controlar las cifras usadas para la distribución bancas, sin importar quién gane las elecciones del mes que viene.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo en un comunicado que el fallo de la Corte Suprema era “lamentable y decepcionante”. Agregó que las acciones del gobierno “amenazan con excluir política y económicamente de nuestra democracia a las comunidades más vulnerables”.

La jueza Sonia Sotomayor disintió y dijo que la población “sufrirá perjuicios sustanciales si se permite a la Oficina (del Censo) sacrificar precisión en nombre de la conveniencia”.

El fallo de la Corte Suprema fue en respuesta a una demanda de funcionarios locales y organizaciones de derechos civiles que aducían que las minorías y otras comunidades difíciles de contar no serían tomadas en cuenta si se ponía fin al censo tempranamente. Adujeron que el plazo fue acortado para acomodar una orden de Trump por la cual las personas que están en el país sin permiso no debían ser tomadas en cuenta a la hora de determinar las bancas legislativas.

Los opositores a esa medida dicen que responde a la estrategia de Thomas Hofeller, un republicano que planteó que se usase solo a los ciudadanos en edad de votar y no al total de la población al asignar las bancas, dado que ello beneficiaría a los republicanos y a los blancos no hispanos.

El mes pasado la jueza de distrito Lucy Koh, de San José, California, dejó sin efecto los plazos del 30 de septiembre para terminar el censo y del 31 de diciembre para hacer la distribución de bancas. Esto hizo que se volviese a las fechas originales, que hablaban del 31 de octubre para concluir el censo y fines de abril del año que viene para asignar las bancas.

Koh también descartó otro pedido de la Oficina del Censo y del Departamento de Comercio, que supervisa el organismo de estadísticas, para que el censo fuese completado el 5 de octubre. Dijo que el gobierno iba de un planteo “apresurado y sin justificaciones a otro… socavando la credibilidad de la Oficina del Censo y del Censo del 2020”.

Un tribunal de apelaciones confirmó la orden de Koh de extender la consulta del censo hasta fines de octubre, pero hizo a un lado la parte que anulaba el 31 de diciembre como plazo para completar la asignación de bancas. El panel de tres jueces del tribunal de apelaciones dijo que el hecho de que no resulte posible completar el proceso para fin de año no implicaba que se podía exigir a la Oficina del Censo que no cumpliese ese plazo.

Los demandantes expresaron satisfacción de que al menos prolongaron el conteo dos semanas.

“Cada día cuenta y el fallo no anula los grandes progresos que hicimos como resultado de los fallos de la jueza de distrito”, expresó Melissa Sherry, una de las abogadas que representó a los demandantes.

A raíz de las demoras asociadas con la pandemia, la Oficina del Censo propuso en abril extender el plazo para completar el conteo de fines de julio hasta fines de octubre y el plazo para determinar las bancas legislativas del 31 de diciembre hasta abril. La cámara baja, controlada por los demócratas, aprobó la extensión del plazo para la asignación de bancas, pero el Senado no consideró el tema. A fines de julio y principios de agosto, funcionarios del censo acortaron el plazo para completar el conteo un mes, hasta fines de septiembre.

La actitud del Senado coincidió con una orden de Trump por la cual no se tomaría en cuenta a los inmigrantes sin permiso de residencia a la hora de asignar bancas legislativas. Esa orden fue considerada ilegal por un panel de tres jueces de distrito de Nueva York, tras lo cual el gobierno acudió a la Corte Suprema.

El fallo de la Corte Suprema coincide con un informe de la Asociación Americana de Estadísticas según el cual un plazo corto, el abandono de ciertos controles de calidad, demandas y la politización de partes del proceso plantean dudas acerca de la confiabilidad del conteo del censo.