¿Hasta cuándo las redadas?
Jossmar Castillo
Washington Hispanic
o hacía mucho se enteraban de las nuevas redadas que planea realizar el gobierno de Barack Obama contra quienes tienen órdenes de deportación y las organizaciones que apoyan a los inmigrantes exigieron al unísono la suspensión de la medida a la que consideran innecesarias e intimidatorias.
De acuerdo con autoridades de Migración, las redadas se llevarán a cabo entre mayo y junio próximo.
No pasaron ni 24 horas desde que un joven guatemalteco había participado de las manifestaciones en contra de estas medidas en California cuando fue detenido por agentes de Migración y Aduanas en el momento en que se disponía a ir a su trabajo.
Como en otras partes del país, las manifestaciones no se hicieron esperar en la capital de la nación y varias decenas de personas piquetearon frente a la Casa Blanca, denunciando que el gobierno los trata como criminales, cuando lo único que han hecho es refugiarse en este país, huyendo de la violencia que se vive en Centroamérica.
“Estamos llamando al Presidente y a esta administración que pare las deportaciones y que le de un estatus de protección temporal (TPS) a nuestras familias”, solicitó Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland.
Otros líderes locales también aprovecharon para enviar su mensaje al Presidente y su gobierno.
Esta sería la segunda jornada de deportaciones que se registra este año. En las primeras semanas de enero detuvieron a aproximadamente 122 personas y deportaron a 77.
El hermano de Miguel ya tenía un año en los Estados Unidos cuando lo agarró la migra en febrero pasado saliendo de su apartamento. Desde entonces no puede abandonar su hogar, por el brazalete de seguridad que le pusieron en su tobillo. ¿Su delito? Entrar a los Estados Unidos escapando de la violencia en la que está sumido su país, Guatemala.
Apenas escuchó las noticias sobre las nuevas redadas contra centroamericanos que el gobierno del Presidente Barack Obama planea llevar a cabo durante las semanas de mayo y Junio de este año, Miguel sabía lo que tenía que hacer.
Con otras decenas de inmigrantes, bajo una incesante lluvia, Miguel alzó su voz en rechazo de estas acciones y pidió a las autoridades que paren las deportaciones y brinden un estatus temporal a los millones de centroamericanos que abandonaron sus países huyendo de la violencia.
“Lo único que buscamos es una oportunidad de trabajar y ayudar a nuestros familiares que aún están en Guatemala”, dijo Miguel, mientras piqueteaba frente a la Casa Blanca, con un cartel a lo alto que decía “Justicia y dignidad para los inmigrantes”.
Cuando su hermano menor llegó a los Estados Unidos, el joven fue citado a una audiencia a la que acudió puntualmente, pero la segunda vez que lo llamaron decidió no presentarse por temor a terminar deportado. Fue así como esa mañana de febrero cuando iba para el trabajo, terminó en manos de las autoridades.
Al igual que lo hicieron organizaciones pro inmigrantes en el resto del país, en Washington DC, Casa de Maryland reunió a gente del Distrito, de Virginia y Maryland para manifestarse al respecto.
“Tenemos una crisis en Centroamérica y nuestras familias están saliendo porque grupos al margen de
la ley los están matando”, mencionó Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa. “Por eso nos preguntamos ¿Por qué el Presidente nos trata como criminales, si somos refugiados huyendo de la violencia?”, siguió.
Aparte de las peticiones que el grupo hizo hacia el gobierno, de un alto a las deportaciones y un TPS que facilite el acceso a permisos de trabajo, también marcharon hasta la sede del Partido Demócrata, después de manifestarse por casi 20 minutos al frente de la Casa Blanca, con gritos de “No más Deportación”. Allá solicitaron que Hillary Clinton, la virtual candidata del partido a la Presidencia, se pronuncie en contra de las redadas y ofrezca una seguridad de que, de llegar a la presidencia, abogará por una política migratoria en favor de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
En enero pasado las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a 121 personas en los estados de Texas, Georgia y North Carolina, de los cuales al menos 77 fueron deportadas a países como Honduras, Guatemala y México.
“Después de escuchar las noticias acerca de las redadas, sentí temor por mi familia, mis amigos y mi comunidad. Porque estamos en riesgo de ser separados, aún con el sacrificio que hicimos para llegar acá.”, señaló María Bonilla, una activista de Casa.
Ella tiene dos hijos de 11 y 7 años que nacieron en los Estados Unidos, y en un año, ya no recuerda cuántas veces ha participado de las marchas para manifestar su sentir.
“Obama y su administración debiera vernos como refugiados y no criminales. Nuestras familias merecen vivir sin miedo de ser separados”, siguió la activista, comparando a la deportación con una sentencia de muerte.
En el congreso los representantes demócratas Luis Gutiérrez, Zoe Logfren y Lucille Roybal-Allard son los autores de un proyecto de ley que busca garantizar asesoría legal obligatoria a niños y otras personas vulnerables que acuden al sistema migratorio estadounidense.
Los tres demócratas aseguran que la mayoría de los niños que no cuentan con abogado son deportados mientras que los menores con asesoría legal tienen más probabilidades de obtener protección.
