Fiscal que manejó casos de alto perfil de disturbios en el Capitolio demanda al gobierno por su despido

Michael Gordon procesó a algunos de los miembros más notorios de la turba que atacó el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Su último argumento es demostrar que el Departamento de Justicia lo despidió porque era bueno en su trabajo.

 

Gordon demandó al gobierno federal el jueves, alegando que su despido el 27 de junio fue una represalia política por su labor en el procesamiento de los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio. Él y otros dos exfuncionarios del Departamento de Justicia son demandantes en una demanda contra el departamento, la fiscal general Pam Bondi y la Oficina Ejecutiva del Presidente.

 

Decenas de abogados del Departamento de Justicia han sido despedidos, degradados, obligados a dimitir o han renunciado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Gordon y los demás demandantes —Patricia Hartman y Joseph Tirrell— parecen ser los primeros en presentar una demanda.

 

Hartman era especialista en asuntos públicos de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia. Tirrell dirigía la oficina de ética del departamento.

 

Gordon, de 47 años, afirmó haber recibido una evaluación de desempeño dos días antes de su despido y haber obtenido la máxima calificación. Su carta de despido, de una sola página y firmada por Bondi, no especificó los motivos de su despido.

Gordon, quien se unió al departamento en 2017, dijo que está orgulloso de haber participado en la investigación más grande en la historia del Departamento de Justicia.

 

“Hicimos lo correcto por las razones correctas, sin temor ni favoritismo”, declaró Gordon a The Associated Press esta semana. “No perdí mi trabajo por infringir la ley. Lo perdí por hacerla cumplir”.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.

 

Después de ver en vivo por televisión los disturbios del Capitolio desde su oficina en Tampa, Florida, Gordon se ofreció como voluntario para unirse al equipo de fiscales federales que trabajan a tiempo completo en los casos del 6 de enero.

 

Casi 1.600 personas fueron acusadas de delitos relacionados con los disturbios del Capitolio. Gordon procesó a más de tres docenas de ellos.

 

Entre ellos estaba Richard “Bigo” Barnett , un hombre de Arkansas que apoyó los pies en un escritorio en la oficina de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi; Eric Munchel , un camarero de Tennessee que llevó esposas de plástico con bridas y una pistola eléctrica a la galería del Senado; y Rebecca Lavrenz , una mujer de Colorado que se promocionó en línea como la “abuela rezadora del J6”.

 

Gordon también manejó el caso contra Ray Epps , un ex residente de Arizona que se convirtió en blanco de teorías conspirativas de derecha sobre el 6 de enero. Fox News Channel y otros medios de comunicación de derecha amplificaron afirmaciones infundadas de que Epps era un agente encubierto del gobierno que ayudó a incitar el ataque para atrapar a los partidarios de Trump.

 

Sus antiguos colegas describen a Gordon como un abogado muy trabajador que fue un miembro valioso del equipo antidisturbios del Capitolio. Y no les cabe duda de que fue despedido por motivos puramente políticos.

 

«No hay ninguna razón por la que querrías perder a alguien como Mike Gordon», dijo Michael Romano, quien fue subdirector de la ahora disuelta Sección de Asedio al Capitolio del Departamento de Justicia antes de renunciar a principios de este año.

 

El ex fiscal federal Jason Manning, que trabajó con Gordon en un caso del 6 de enero, dijo que su ex colega era «notablemente hábil en el juicio».

 

«Él dirigió algunos de los primeros juicios de algunos casos de alto perfil, por lo que la gente lo veía como un ejemplo de cómo presentar con éxito estos casos ante jueces y jurados», dijo Manning, quien dejó el departamento el verano pasado.

 

La representante Kathy Castor, demócrata de Florida, ha instado a Bondi a restituir inmediatamente a Gordon . La carta de Castor a Bondi señalaba que Gordon estaba trabajando en un caso de fraude de alto perfil contra Leo Govoni , un hombre de Florida acusado de malversar más de 100 millones de dólares de fondos fiduciarios médicos.

 

“Las víctimas merecen un cierre, y el público merece un sistema de justicia libre de intimidación y represalias partidistas”, escribió Castor.

 

Gordon dijo que aceptaría la reincorporación.

 

“Cuando los fiscales son castigados por hacer su trabajo, todos perdemos la protección de la ley”, dijo. “No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que mis hijos crezcan en un país donde la justicia se define por lo que dice el presidente y no por lo que dicta la ley”.

 

Gordon estaba en su oficina con la puerta cerrada, preparando a un testigo para el juicio por videoconferencia, cuando un administrador de la oficina interrumpió la llamada y le entregó su carta de despido.

 

“No se despide a uno de los principales fiscales en medio de un caso de fraude de 100 millones de dólares a menos que la política sea más importante que la justicia”, dijo Gordon. “Me despidieron no por algo que no hiciera, sino por procesar a personas que querían proteger”.

 

Gordon se preparaba para ser despedido cuando Trump regresó a la Casa Blanca e inmediatamente emitió indultos generales, conmutó sentencias y ordenó la desestimación de los cargos en todos los casos de los disturbios del Capitolio. Trump también designó a Ed Martin Jr. , un destacado defensor de los alborotadores del 6 de enero, como fiscal federal interino para el Distrito de Columbia. Martin degradó rápidamente a varios abogados de alto rango , incluyendo algunos que manejaban o supervisaban casos políticamente delicados.

 

Gordon no fue incluido en la primera ola de despidos y degradaciones, así que esperaba conservar su puesto. Dijo que no puede explicar por qué él y otros dos colegas que trabajaron en los casos del 6 de enero fueron despedidos el mismo día de junio. Sus cartas de despido solo citaban el «Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos».

“Siento que mi despido es una historia pequeña, pero su significado es mayor”, dijo. “He dedicado toda mi carrera profesional como abogado a luchar en nombre del gobierno. Y ahora me han obligado a enfrentarme a él”.