Familias podrían exigir hasta $25.000 a las redes sociales
California pronto podría permitir que los padres demanden a plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok por dañar a los niños que se han vuelto adictos a sus productos.
Las familias podrían exigir hasta 25.000 dólares por infracción según un proyecto de ley que la Asamblea estatal aprobó el lunes.
La propuesta considera “adicción” cuando los niños menores de 18 años son dañados —ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, en su desarrollo o a nivel material— y desean parar o reducir el tiempo que pasan en redes sociales pero no pueden porque están preocupados u obsesionados con ello.
Grupos empresariales han advertido que, si la propuesta de ley es aprobada, lo más probable es que las compañías de redes sociales suspendan sus servicios para niños en California en lugar de correr un riesgo jurídico.
La propuesta sólo se aplicaría a empresas de redes sociales que registraron al menos 100 millones de dólares en ingresos netos en el último año, con lo que aparentemente está dirigida a gigantes como Facebook y otros que dominan el mercado.
No sería aplicable a servicios de streaming como Netflix y Hulu, ni a compañías que sólo ofrecen servicios de correo electrónico y mensajes de texto.
“La era de experimentación social con niños sin restricciones ha terminado”, dijo el asambleísta republicano Jordan Cunningham, autor del proyecto de ley.
La votación del lunes es un paso crucial —pero no definitivo— para esta propuesta legislativa. Ahora pasará al Senado estatal, donde será sometida a audiencias y negociaciones durante semanas entre legisladores y activistas. Pero el hecho de que haya sido aprobada en la Asamblea estatal la mantiene con vida este año.
El proyecto de ley le da a las compañías de redes sociales dos alternativas para no ser responsabilizadas en los tribunales.
Si la propuesta se convierte en ley, entraría en vigor el 1 de enero. Las empresas que retiren las características de sus productos consideradas adictivas para los niños antes del 1 de abril no serían responsables de daños y perjuicios.
Además, las compañías que efectúen auditorías con regularidad de sus prácticas de negocios con el fin de identificar y retirar características que pudiesen ser adictivas para los niños no serían blanco de las demandas.
