Defraudan a miles de inmigrantes latinos en EEUU

Dos ciudadanos peruanos responsables de operar una serie de centros de llamadas en el Perú desde donde defraudaron a residentes de habla hispana en Estados Unidos se declararon el lunes culpables de cargos federales, en un tribunal de Florida. Todos ellos formaban parte de una organización de siete miembros, quienes amenazaban a sus víctimas con arresto, deportación y otras consecuencias legales para extorsionarlos y exigirles dinero.

Josmell Espinoza Huerta, de 32 años, y su hermano Carlos Alberto Espinoza Huerta, de 40, ambos de Lima, Perú, se declararon culpables de su papel en la conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico a través de varios centros de llamadas en Perú, que poseían y operaban.

Ambos serán sentenciados en febrero próximo por el juez Robert N. Scola, Jr., en un tribunal de Miami. Los otros cinco miembros ya fueron sentenciados con penas que oscilan entre ocho y nueve anos de prisión.

Cuatro de los cómplices de los acusados ​​fueron arrestados en julio de 2019 y otro cayó en enero de 2020. Los cinco acusados ​​fueron extraditados al Distrito Sur de Florida en octubre de 2020.

Según documentos judiciales, Josmell y Carlos Espinoza eran copropietarios y operaban el centro de llamadas JFC-Perú, en Lima. Además, Josmell Espinoza era propietario y operaba los centros de llamadas Camino Al Progreso y Latin Shop, y Carlos Espinoza operaba por separado los centros de llamadas Latinos en Acción y Latin Force.

Desde abril de 2011 hasta julio de 2019, los hermanos Espinoza y sus cómplices llamaron a las víctimas -muchas de las cuales eran inmigrantes recientes de Centroamérica, México y otros países de habla hispana- y las amenazaron fraudulentamente con consecuencias legales si no les pagaban por productos supuestamente entregados y tarifas de liquidación para clases de idioma inglés.

Los acusados ​​y sus cómplices utilizaron declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de las víctimas en todo Estados Unidos, diciéndoles falsamente que debían aceptar y pagar los cursos de inglés y otros productos educativos porque si no lo hacían estaban en peligro legal.

Ambos acusados ​​admitieron que ellos y sus empleados afirmaron ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un llamado «tribunal de delitos menores», que no existe. Todo era falso.

Así se apropiaron de más de 2 millones de dólares.

“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará firmemente a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Secretario de Justicia adjunto Brian M. Boynton, de la división civil del Departamento de Justicia. «Aquellos que se hacen pasar por funcionarios del gobierno de EEUU y usan amenazas para aprovecharse de nuestras comunidades de inmigrantes serán llevados ante la justicia y responsables ante los tribunales», advirtió.

Carlos y Josmell Espinoza evadieron el arresto pero posteriormente fueron ubicados en Perú y extraditados a los Estados Unidos el 25 de junio. El juez de distrito de los Estados Unidos, Robert N. Scola, Jr., sentenciará a Josmell Espinoza en Miami el 9 de febrero y a Carlos Espinoza el 14 de febrero.