DACA queda en manos del Congreso
Redacción
Washington Hispanic
La Corte Suprema se negó a considerar el inusual pedido del gobierno de Donald Trump de que anulase el fallo de un juez que mantuvo en vigencia el programa que cobija a casi 700.000 jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.
La decisión implica que el DACA sigue en vigor por al menos unos meses, y tal vez más allá de las elecciones de mitad de término de noviembre. En septiembre el gobierno dijo que suspendía el DACA, aduciendo que constituía un abuso del poder ejecutivo, y le dio al Congreso hasta el 5 de marzo para que resolviese el status de estos inmigrantes.
Desde entonces, tanto legisladores demócratas como republicanos trabajaron en una propuesta conjunta que abría la posibilidad para que estas personas, que fueron traídas a los Estados Unidos cuando eran niños, alcanzaran la ciudadanía después de 12 años.
El plan incluso financiaba la creación de un muro que tanto anhela el presidente Trump en la frontera con México. Aún así el mandatario rechazó la idea y propuso la suya propia, que al final fue rechazada en el Congreso.
Después de eso es muy poco lo que en concreto se ha logrado para asegurar que los ‘Dreamers’, como se le conoce a los beneficiados por DACA, no serán deportados por las autoridades de inmigración.
Fue el juez de distrito William Alsup, de San Francisco, quien el 9 de enero dio un poco de esperanza a los beneficiarios de DACA, al considerar que el gobierno no había justificado debidamente la suspensión del programa en septiembre.
Para entonces, ya miles de jóvenes carecían de la protección contra la deportación y el permiso de trabajo que el programa facilita, puesto que sus plazos habían vencido y las reinscripciones en los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) estaban suspendidas.
El miércoles pasado las autoridades dijeron que cerca de 11 mil personas tramitaron su renovación en las semanas posteriores al fallo de Alsup, que por ahora está en el 9no Tribunal de Apelaciones y no se espera, según expertos, que haya una resolución antes de junio.
El Congreso debe aprobar un proyecto de gastos para el 23 de marzo para que el gobierno siga operando, lo que da a los demócratas la posibilidad de supeditar su apoyo a un proyecto sobre DACA. Los demócratas obligaron a suspender las operaciones del gobierno en enero con ese fin, pero recularon luego de tres días.
Stephen W. Yale-Loehr, profesor de derecho de la Cornell University, dijo que la negativa de la Corte Suprema a intervenir «deja el programa DACA de nuevo en manos del Congreso».
¿QUÉ ES EL DACA?
Es un programa instaurado por un decreto presidencial de Barack Obama en junio del 2012 que cobija a cientos de miles de «dreamers», como se conoce a estos inmigrantes traídos a Estados Unidos de niños y que no tienen permiso de residencia. Les permite permanecer en el país y trabajar, y es renovable cada dos años. Para poder ampararse en el programa deben haber venido al país antes de cumplir 16 años, haber nacido después de junio de 1981, haber terminado la secundaria o servido en las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales.
Casi 690.000 jóvenes estaban amparados por el DACA cuando el gobierno de Donald Trump dijo en septiembre que dejaría sin efecto se programa en seis meses. Ocho de cada diez son mexicanos. Aquellos jóvenes cuyos permisos expiraban antes del 5 de marzo tenían un mes para solicitar la renovación.
¿QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES?
El juez de distrito William Alsup, de San Francisco, dijo el 9 de enero que el gobierno no había justificado debidamente la suspensión del programa y que los demandantes –los estados de California, Maine, Maryland y Minnesota, así como la Universidad de California– tenían buenas posibilidades de salir airosos en un juicio. El gobierno se vio obligado a seguir aceptando solicitudes de renovación, aunque no pedidos nuevos.
El juez de distrito de Nueva York Nicholas G. Garaufis emitió un fallo similar en febrero.
El Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito está dando trámite acelerado al fallo de Alsup, pero expertos en derecho no esperan que se prenuncie antes de junio. Posteriormente el caso iría a la Corte Suprema.
¿QUÉ OPINA EL CONGRESO?
En enero Trump propuso darle la ciudadanía a 1,8 millones de inmigrantes jóvenes como parte de una reforma a las leyes de inmigración que incluía 25.000 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México y otras medidas para reforzar la vigilancia de ese sector. El Senado rechazó la iniciativa.
Activistas que defienden la causa de los inmigrantes y sus aliados en el Congreso quieren una reforma más limitada, que proteja a los jóvenes con DACA, posiblemente combinada con medidas para reforzar la vigilancia de la frontera, pero el gobierno no acepta esa postura. Trump responsabiliza a los demócratas por el impasse, mientras que los demócratas afirman que el problema lo creó él mismo al suspender el DACA.
El Congreso debe aprobar un proyecto de gastos para el 23 de marzo para que el gobierno siga operando, lo que da a los demócratas la posibilidad de supeditar su apoyo a un proyecto sobre DACA. Los demócratas obligaron a suspender las operaciones del gobierno en enero con ese fin, pero recularon luego de tres días.
Stephen W. Yale-Loehr, profesor de derecho de la Cornell University, dijo que la negativa de la Corte Suprema a intervenir «deja el programa DACA de nuevo en manos del Congreso».
¿EL PLAZO DEL 5 DE MARZO YA NO ES RELEVANTE?
La batalla legal resta un poco de peso al plazo fijado por Trump, pero los beneficiario con DACA cuyos permisos expiraron se exponen a ser deportados mientras esperan la aprobación de sus pedidos de renovación.
En febrero, el ex secretario de Seguridad Nacional John Kelly, hoy jefe de despacho de la Casa Blanca, dejó sin efecto una política del gobierno de Obama que limitaba las deportaciones a personas que representan un peligro para la seguridad de la población, delincuentes convictos y quienes cruzaron la frontera ilegalmente en tiempos recientes, lo que en la práctica hace que todo inmigrante sin papeles sea vulnerable. Los arrestos con miras a la deportación subieron más de un 40% desde la llegada de Trump a la presidencia.
