Caen 21 médicos y empresarios por fraude con Covid
Cargos penales contra 21 acusados en nueve distritos federales de la nación fueron anunciados el miércoles 20 por el Departamento de Justicia, por su presunta participación en varios esquemas de fraude relacionados con la atención médica administrada por la pandemia de COVID-19.
Dichos casos resultaron en más de $149 millones en facturas falsas relacionadas con el coronavirus en programas federales y robo de programas de asistencia pandémica financiados con fondos federales, señalaron los acusadores. Durante la operación el departamento confiscó más de $8 millones en efectivo y otros tipos de ganancias de fraude.
“La Unidad contra el Fraude en la Atención Médica del Departamento de Justicia y nuestros socios están dedicados a erradicar los esquemas que se han aprovechado de la pandemia”, sostuvo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Indicó que la acción dada a conocer el miércoles refuerza el compromiso “de usar todas las herramientas disponibles para responsabilizar a los profesionales médicos, ejecutivos corporativos y otros que han puesto la codicia por encima de la atención durante una emergencia de salud pública sin precedentes”.
Kevin Chambers, director de Cumplimiento de Fraude de COVID-19, dijo que “la escala y la complejidad de los esquemas procesados hoy ilustran el éxito de nuestro esfuerzo inter-agencias sin precedentes para investigar y enjuiciar rápidamente a quienes abusan de nuestros programas críticos de atención médica”.
Entre los esquemas de fraude de atención médica de COVID-19 descubiertos se citó los siguientes:
- Acusados que supuestamente ofrecieron pruebas de COVID-19 para inducir a los pacientes a proporcionar su información de identificación personal y una muestra de saliva o sangre. Los demandados luego usaron la información y las muestras para presentar reclamos falsos y fraudulentos a Medicare por pruebas o servicios no relacionados, médicamente innecesarios y mucho más costosos.
- En otro esquema en California, dos propietarios de un laboratorio clínico fueron acusados de un fraude de atención médica, sobornos y lavado de dinero que involucró la facturación fraudulenta de más de $214 millones por pruebas de laboratorio, más de $125 millones de los cuales supuestamente involucró reclamos fraudulentos durante la pandemia para COVID-19 y pruebas de patógenos respiratorios.
- En dos casos separados en Maryland y Nueva York, los propietarios de clínicas médicas supuestamente obtuvieron información confidencial de pacientes que buscaban pruebas de COVID-19 en sitios de pruebas de autoservicio y luego presentaron reclamos fraudulentos “por largas visitas al consultorio con los pacientes”, lo que nunca ocurrió.
- Las ganancias de estos esquemas fraudulentos supuestamente fueron lavadas a través de corporaciones ficticias en Estados Unidos, transferidas a países extranjeros y utilizadas para comprar bienes raíces y artículos de lujo.
“A lo largo de la pandemia, hemos visto a profesionales médicos de confianza orquestar y cometer crímenes atroces contra sus pacientes, todo para obtener ganancias financieras”, denunció el subdirector Luis Quesada, de la División de Investigación Criminal del FBI.
En otro tipo de fraude de atención médica de COVID-19 anunciado el miércoles, los demandados supuestamente explotaron las políticas que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) implementaron para permitir un mayor acceso a la atención durante la pandemia de COVID-19.
Por ejemplo, en el Distrito Sur de Florida, se acusó a un profesional médico de un fraude de atención médica, fraude electrónico y plan de sobornos que presuntamente involucraba la facturación de encuentros falsos de telemedicina que no ocurrieron y aceptar ordenar pruebas genéticas innecesarias a cambio de acceso a los pacientes de telesalud. A fines del año pasado, un acusado fue sentenciado previamente a 82 meses de prisión en relación con este plan.
En total, 10 profesionales fueron acusados de delitos relacionados con la apropiación indebida de dinero del Fondo de Alivio al Proveedor (PRF) destinado a proveedores médicos de primera línea y tres se han declarado culpables.
