Ahora el Congreso debe aprobar el DREAM Act
Víctor Caycho
Washington Hispanic
Con un impresionante dictamen legal, un juez federal consideró el martes 24 que no hay justificación legal alguna para cancelar el programa DACA, que protegía de la deportación y permitía permanecer en el país, estudiar y trabajar a unos 800 mil inmigrantes, conocidos como Soñadores (Dreamers), los que fueron traídos de niños por sus padres y se quedaron de manera ilegal en el país.
Además de calificar la medida dispuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “caprichosa y arbitraria”, el juez federal John D. Bates, del Distrito de Columbia (Washington, DC), fue aún más riguroso en su fallo.
En primer lugar, el juez dio un plazo de 90 días al DHS “para que explique mejor su argumento de que DACA es ilegal” y señaló que en el caso que no logre demostrarlo, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones de DACA” a los Soñadores que cumplan con los requisitos.
El dictamen fue dado a conocer en respuesta a demandas presentadas por la Universidad Princeton –una de las más prestigiosas de la nación-, y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP).
Apenas conocida la decisión, el presidente de la Princeton University, Christopher L. Eisgruber, declaró estar “encantado” con la sentencia, aunque reconoció que no resuelve por completo la incertidumbre que enfrentan los beneficiarios de DACA.
Del mismo parecer fueron los líderes de los Dreamers. Juan Escalante, quien es beneficiario de DACA y responsable de Comunicaciones de America’s Voice, afirmó que “ahora es el momento para que el Congreso actúe y apruebe una legislación que proteja a todos los Soñadores”.
En una declaración sobre el fallo del juez federal John Bates, el activista y beneficiario de DACA Juan Escalante comentó que “el futuro de 800 mil Soñadores fue arruinado y sus vidas fueron detenidas”, cuando la actual administración detuvo ese programa “de manera tan cruel”.
Añadió que los próximos 90 días –el plazo que dicho magistrado le dio al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que demuestre que DACA es ilegal-, “se sentirán como años para muchos adolescentes que esperan continuar su educación en universidades estadounidenses, pero que por ahora es imposible hacerlo por no tener estatus migratorio y su imposibilidad de solicitar la protección de DACA”.
Escalante sostuvo al respecto que “ahora es el momento para que el Congreso actúe y apruebe una legislación que proteja a todos los Dreamers”.
Ese mismo martes, el Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL) –que reúne a más de 400 delegados y senadores estatales de toda la nación-, elogió el fallo del juez Bates.
Destacó que se trata del tercer juez en revocar la cancelación del programa pero es el primero en ordenar al DHS a aceptar solicitudes nuevas para ser amparados por DACA.
“Además, es el primer juez nombrado por un presidente republicano en tomar dicha decisión, lo que resalta el consenso bipartidista sobre la legalidad de DACA”, indicó el senador Carmelo Ríos, de Puerto Rico, actual presidente de NHCSL.
Ríos también señaló que el hecho de que la demanda fuera interpuesta por la Universidad de Princeton “refleja la importancia de este tema para el sistema universitario estadounidense y para la seguridad económica de la nación”.
Asimismo, demandó a la Administración Trump “que no vuelva a cancelar el programa DACA hasta que el Congreso apruebe de una vez y por todas el DREAM Act, y así se ponga término a la incertidumbre que los Soñadores enfrentan”.
El fallo
El dictamen del juez John D. Bates, de Washington, se dio a conocer siete meses después que el DHS anunciara en septiembre la eliminación progresiva de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El DHS dijo que el programa, instaurado en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama, representó “un abuso de poder” y le dio el carácter de ilegal.
El juez Bates escribió que tal decisión del DHS “se sustentó principalmente en su opinión de que el programa era ilegal. Pero tal discernimiento quedó virtualmente sin explicación, y por ello no puede sustentar la decisión de la dependencia”.
El fallo del juez fijó un plazo de 90 días para que el DHS “explique mejor su argumento de que DACA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una mejor explicación –añadió-, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA”.
Al mismo tiempo, el juez refirió que la explicación que dio la administración para cancelar DACA fue “especialmente atroz” porque no mencionaba que muchos de los cientos de miles de beneficiarios obtuvieron empleos y empezaron estudios basándose en la suposición de que podrían renovar el permiso.
QUIÉNES APLICAN
Para solicitar la protección del DACA, los migrantes tienen que cumplir los siguientes requisitos:
• Haber entrado al país antes de su 16to cumpleaños.
• Tener menos de 31 años hasta el 31 de junio de 2012.
• Haber completado estudios de secundaria o servido en el ejército.
• No tener antecedentes.
• Los permisos, que se emiten por dos años, pueden ser renovados.
