Piden a legisladores de Maryland que aboguen por detenidos de ICE
Jossmar Castillo
Washinton Hispanic
Por una noche, cientos de activistas de derechos civiles e inmigrantes de Maryland se tomaron el Senado y la Casa de Delegados de Maryland para pedirle a los legisladores, frente a frente, que discutan y aprueben una iniciativa que elimine la colaboración de gobiernos locales con la oficina de Aduana e Inmigración, popularmente conocida como ICE.
El ‘Maryland Trust Act’ busca prohibir la utilización de recursos estatales y locales para la aplicación de medidas migratorias que al final resulta en la separación de familias y hasta en la deportación por la comisión de delitos menores.
«En la era de Trump, es fundamental que los estados y las localidades se enfrenten al desafío y se aseguren de que las familias inmigrantes sean respetadas y protegidas», dijo Gustavo Torres, presidente de CASA en Acción. «Maryland no ha hecho lo suficiente para asegurarse de que la crisis de Trump sea bien rechazada».
José Orellana conoce muy bien los efectos que trae para una familia el que una autoridad local colabore con ICE. Su madre, Roxana Orellana, se mantiene detenida por ‘la migra’ desde principios de enero, cuando acudió con su abogado a una cita rutinaria en la que se registraba con las autoridades.
«A mi madre la arrestaron de manera injusta», dijo José Orellana, el mayor de los cuatro hijos de la activista, frente a delegados y senadores en la capital de Maryland el lunes por la noche. «La extrañamos y la queremos de vuelta en casa».
Hace más de una década que Roxana Orellana fue detenida por los alguaciles de Frederick mientras tomaba un descanso frente a un restaurante en el que trabajaba. Un juez federal consideró que su arresto violó sus derechos civiles y que el condado era responsable por los daños provocados.
Pero el caso de Roxana es apenas uno de los muchos casos producto del programa 287(g), en el que ICE le delega autoridad de inmigración a los gobiernos locales.
Otro joven contó también que su madre fue detenida por la policía de Prince George’s, acusada de ir manejando a alta velocidad y ahora tiene una orden de deportación. «Conozco a mi mamá y ella no maneja agresivamente. Ella es de las conductoras a las que uno le pasa por al lado, porque va a una velocidad normal», señaló Roberto, quien está seguro que su mamá fue detenida por su perfil racial.
El nuevo ejecutivo del condado de Anne Arundel, Steuart Pittman, establecido en el cargo desde diciembre del año pasado le puso fin a la colaboración del condado con ICE.
«El desarrollo de nuestro país fue producto de inmigrantes y los inmigrantes siguen formando parte importante de nuestra comunidad, por eso es que debemos darle la bienvenida a nuestros vecinos», señaló Pittman.
El ejecutivo basó su decisión también en la poca colaboración que tienen algunos residentes indocumentados con la policía local, por temor a ser deportados.
El Maryland Trust Act es una de las propuestas dentro de la agenda del Caucus Latino en la Asamblea General de Maryland para este periodo, junto con la lucha por aumentar el salario mínimo en el Estado a 15 dólares por hora trabajada. Actualmente el salario mínimo es de $10.10.
Los activistas culminaron la jornada del lunes 28 con una vigilia al frente del Capitolio de Annapolis.
