$ millonadas de transacciones bancarias fraudulentas

Cuatro acusados han sido imputados en una acusación dictada por un gran jurado federal por conspirar para cometer fraude bancario, fraude bancario y robo de identidad con agravantes. Los acusados son los siguientes:

Raissa Kaossele, age 22, of Baltimore, Maryland;

Damilola Ojo, age 29, of Pikesville, Maryland;

Victor Ojo, age 28, of Edgewood, Maryland;

Jamelia Thompson, age 29, of Pikesville, Maryland.

La acusación de ocho cargos hace que los acusados participen en un plan de compromiso de correo electrónico comercial (también conocido como «esquema BEC») entre abril de 2016 y mayo de 2019. Para apropiarse de dinero, los acusados utilizaron las cuentas de correo electrónico hackeadas de las víctimas para enviar instrucciones de pago falsas a instituciones financieras o socios comerciales. Según la acusación, los acusados obtuvieron Números de Identificación de Empleador y certificados comerciales estatales a nombre de empresas ficticias utilizando la información personal robada de víctimas específicas.

Los acusados recibieron supuestamente cheques legales a nombre de las víctimas comerciales beneficiarias, pero escritos en las cuentas de las víctimas comerciales pagadoras. Los acusados supuestamente cambiaron la identidad del beneficiario en varios cheques antes de depositar los fondos robados en sus propias cuentas bancarias. La acusación afirma además que los acusados y otros cómplices retiraron posteriormente el dinero que había sido depositado fraudulentamente en las cuentas. Los acusados y otros cómplices habrían realizado casi 4 millones de dólares en transacciones bancarias ilegales, según los documentos judiciales.

Si son declarados culpables, los acusados podrían recibir una sentencia de hasta 30 años de prisión por conspirar para cometer fraude bancario, 30 años de prisión por cometer realmente el fraude, y una sentencia mínima obligatoria de dos años en la prisión federal que se ejecutaría simultáneamente con cualquier otra sentencia dictada por robo de identidad agravado. En el caso de los delitos federales, las sentencias reales suelen ser menos severas que las penas máximas. Cualquier castigo será decidido por un juez del tribunal federal de distrito después de las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otras consideraciones legales. Una acusación no constituye una condena.

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