MARYLAND: madres recibirán atención sin importar su estado migratorio
La Ley de Equidad de Bebés Saludables, aprobada por la Asamblea General de Maryland en marzo, entrará en vigencia el 1ro. de julio, mediante la cual se amplía el servicio Medicaid para cubrir la atención prenatal y posparto a las personas embarazadas, independientemente de su estado migratorio.
Otros diecisiete estados, incluidos Virginia y Texas, brindan cobertura similar a través de Medicaid u otros programas establecidos por el estado.
La delegada demócrata Joseline Peña-Melnyk, que representa a los condados de Prince George’s y Anne Arundel, fue la principal patrocinadora de la iniciativa, que logró vencer la oposición de los delegados republicanos.
Ella, quien es la nueva presidenta del Comité de Operaciones Gubernamentales y de Salud de la Cámara de Representantes, señaló en declaraciones a la publicación Maryland Matters que “esta legislación reducirá las complicaciones del embarazo y los resultados fetales adversos aparte de los costos asociados”.
Según la ley todavía en vigencia, el Departamento de Salud de Maryland brinda cobertura de Medicaid para servicios médicos de emergencia, incluido el trabajo de parto y el parto, para residentes indocumentados de bajos ingresos que serían elegibles para la cobertura completa si no fuera por su estado migratorio.
El estado también brinda cobertura durante el primer año de vida de un niño si su madre estaba cubierta por Medicaid en el momento del nacimiento.
El año pasado, más de 5,000 mujeres inmigrantes indocumentadas dieron a luz en la sala de emergencias, a un costo de $89 millones, un 50 por ciento aproximadamente cubierto por fondos federales.
El proyecto de ley aprobado este año a prueba de veto requeriría que el estado solicite al gobierno federal una expansión de Medicaid, que se espera aumente la tasa de reembolso federal al 65 por ciento.
En general, los analistas legislativos estimaron que la expansión de la atención prenatal y posparto aumentaría el gasto estatal en alrededor de $14,8 millones, aunque un mayor reembolso federal por trabajo de parto y posparto compensaría en gran medida esos costos.
El estado también podría ver ahorros adicionales si la atención prenatal reduce las complicaciones del embarazo y los problemas de salud de la primera infancia, dijeron los analistas.
Con el apoyo de CASA, la activista María Vicente testificó a favor del proyecto de ley, que también fue respaldado por una coalición de grupos religiosos, médicos y de derechos civiles. Los defensores se reunieron fuera de la Casa del Estado todos los días durante los últimos días de la sesión legislativa para presionar por la promulgación del proyecto de ley. Vicente contó su historia una y otra vez. “Lo hice por las mujeres inmigrantes, para asegurarme de que lo que me pasó a mí no les pase a ellas. No tuve atención prenatal. Estas mujeres lo harán. Estoy súper feliz por eso”, puntualizó.
Peña-Melnyk dijo que las políticas para abordar la inequidad “deben incluir a todas las comunidades, y los inmigrantes indocumentados no deben ser excluidos de aquellos destinados a ampliar el acceso a la atención médica”.
Las jurisdicciones locales están siguiendo su ejemplo. A principios de este mes, el condado de Howard anunció que asignaría $1.3 millones en su próximo presupuesto anual para apoyar a las madres con seguro insuficiente y sin seguro y a las personas embarazadas con acceso a la atención médica, independientemente de su estado migratorio.
En las negociaciones presupuestarias en curso en el condado de Prince George’s, la concejal Deni Taveras (D) está trabajando con la administración de la ejecutiva Angela Alsobrooks para aumentar el compromiso del condado con sus centros de salud calificados por el gobierno federal, poniendo los servicios a disposición de los inmigrantes independientemente de su estado migratorio.
Ella indicó que los $5 millones de las arcas del condado el año pasado se agotaron en seis meses, según un informe reciente proporcionado por el departamento de salud del condado.
“Para que el programa esté verdaderamente financiado, realmente necesita duplicar la cantidad a $10 millones”, dijo Taveras.
En políticas estatales más amplias, Peña-Melnyk no se da por vencida. “Quiero promover la equidad en salud a través de políticas que tradicionalmente no se enfocan en la atención médica, pero que tienen un impacto igual, si no más importante, en los resultados de salud”, ofreció.
